Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, fue sometida a un polígrafo en los sótanos frente a la Casa de Nariño. La siguieron, la investigaron y hasta le chuzaron sus comunicaciones, engañando a la justicia y haciéndola pasar como colaboradora del Clan del Golfo. Los uniformados que participaron en este oscuro capítulo, quienes en principio negaron todo, están por confesar cómo se diseñó la operación contra la niñera.
SEMANA reveló que la patrullera Dana Canizales, capturada junto a otros cuatro policías por manipular los informes judiciales y engañar a los fiscales que investigaban el hurto al apartamento de Laura Sarabia, aceptó cargos, reconoció su responsabilidad y firmó un acuerdo de colaboración con la justicia. Su confesión motivó otras más porque la negociación le resultó favorable y no se tuvo que “inmolar” protegiendo a los presuntos autores intelectuales, condenándose de paso.
La aceptación de cargos de la patrullera Dana desencadenó la misma intención en sus compañeros de causa, incluso de quien era su jefe, el intendente Alfonso Quinchanegua. Los uniformados capturados por las interceptaciones a Marelbys Meza van a contar cómo se gestó la operación para recuperar, a toda costa, el dinero hurtado a la entonces jefe de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.
En este caso judicial, con abusos y utilización irregular del aparato de inteligencia del Estado, hubo un muerto, el coronel Óscar Dávila, jefe de la oficina de anticipaciones de la Presidencia, quien presuntamente se quitó la vida en medio del caos, y luego el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Petro, le echó la culpa de las irregularidades.
La negociación que cambió la versión de la “verdad” que tenían los policías implicados en las chuzadas a Marelbys Meza se explica en un documento que conoció SEMANA y que revela en detalle la aceptación de cargos, la obligación de entregar los elementos de prueba, la condena que pagarán y las excusas que tendrán que ofrecer a las víctimas de estos hechos.
En el caso de la patrullera Canizales, el acuerdo le permitió salir de prisión y regresar a su casa. Un juez le otorgó detención domiciliaria y estableció una pena de 80 meses. La uniformada, que terminó metida en semejante lío por recuperar el dinero de la mano derecha del presidente Petro, reconocerá que cumplió órdenes, al parecer, de la seguridad presidencial, comandada por el poderoso coronel Carlos Feria.
“La procesada Dana Alejandra Canizales se compromete a entregar la información y los EMP que soportan sus dichos, en relación con el conocimiento que tiene sobre la ocurrencia de los hechos que se investigan en los radicados y las demás rupturas que se presenten y que guarden relación con el conocimiento que tiene sobre los mismos, así como comparecer en calidad de testigo de la Fiscalía a las audiencias de juicio que se desarrollen en el marco de lo propio”, señala el acta de preacuerdo.
Los policías capturados por las chuzadas a Marelbys Meza tienen una lista de delitos que incluye falsedad en documento público, fraude procesal y, por supuesto, violación ilícita de comunicaciones. Al reconocer responsabilidad, los uniformados admiten que utilizaron la fuerza del Estado, el poder de la Policía y su experiencia para someter a la niñera a una persecución judicial, con las chuzadas por delante.
“Consignaron falazmente la existencia de una fuente no formal que les habría entregado información de interés para la investigación que adelantaban por hechos ocurridos en la residencia de la señora Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete de la presidencia, y aduciendo en este mismo documento que habían cumplido con el deber de verificar la información”, señala el acta de acuerdo que redactó la Fiscalía.
Además del intendente Alfonso Quinchanegua, SEMANA pudo establecer que el patrullero Freddy Alexánder Gómez tomó la determinación de contarle a la Fiscalía de qué forma y quién le dio la orden de convertir a Marelbys Meza en una peligrosa mujer asociada a una organización criminal.
Otros dos policías, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Freddy Morales, que integraban un grupo en la Dijín de la Policía, fueron, según la Fiscalía, los responsables de redactar informes de investigación plagados de mentiras. Engañaron a un fiscal en Antioquia mientras insistían en que un número celular pertenecía a alias la Cocinera, una mujer cercana a los cabecillas del Clan del Golfo. El número era de Marelbys.
La importancia de la aceptación de cargos en este escándalo no se reduce al tiempo que le ahorran a la justicia. Se trata de reconocer que hubo un plan criminal para recuperar los supuestos 4.000 dólares que Laura Sarabia tenía en una maleta como si fueran medias, aunque es claro que la cifra no solo ha cambiado, sino que pudo ser mucho mayor. Es la prueba de cómo los integrantes de la Policía cumplieron órdenes ilegales, utilizaron su experiencia como un arma contra la niñera y en el camino engañaron a dos fiscales.
“A través de cuatro documentos públicos falsos… participó en la inducción en error a la fiscal 101 del grupo de Hurtos de la Seccional Bogotá, obteniendo en ella el convencimiento en la necesidad de interceptar unas líneas telefónicas, a pesar de que era del conocimiento de Canizales que realmente no se contaba con los elementos de convicción necesarios”, dijo la Fiscalía.
En las conversaciones que obtuvo SEMANA, los policías capturados advierten que tenía que “ir a la Casa de Nariño”. Los uniformados entregarán chats, correos y documentos que demostrarían la vinculación de oficiales superiores en lo que tanto negaron, incluso desde la seguridad presidencial, cuando advirtieron que por razones de protección de los funcionarios se adelantaron algunos actos de investigación, como las arbitrarias pruebas de poligrafía a Marelbys Meza.
En la acusación que presentó la Fiscalía en contra del recién ascendido coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, se advirtió que el oficial fue el encargado de “desplegar” las órdenes para llevar a la entonces niñera de Laura Sarabia hasta los sótanos de la seguridad presidencial y “someterla” a las pruebas de poligrafía. El ente acusador fue contundente en los señalamientos que, para los generales en la Policía encargados de aprobar su ascenso, hace apenas unos días, fueron simples adornos de la justicia.
“El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, indebidamente, permitió que sus subalternos usaran bienes del Estado que se habían confiado en razón a su cargo y funciones bajo la custodia de la dependencia que él dirigía para realizar la prueba poligráfica a Marelbys Meza”, dijo el ente acusador en el escrito de acusación que conoció SEMANA.
Ahora son los subalternos del coronel Feria, los policías que recibieron por “encargo” la investigación del robo a Laura Sarabia, los que presentarán las pruebas y le explicarán a la Fiscalía cómo convirtieron el aparato de seguridad del Estado en la máquina perfecta para seguir, investigar, engañar y chuzar. Ellos podrían revelar de dónde salió la orden.
Las víctimas acompañaron la negociación de la Fiscalía con la patrullera Dana Canizales. Además, invitaron al resto de uniformados a subirse al bus de la colaboración, recibir los beneficios de ayudar con la investigación y, sobre todo, contar quiénes dieron las órdenes para instrumentalizar la administración de justicia con un fin específico: encontrar el dinero de Laura Sarabia.
“Para nosotros es un logro de la justicia, al ver que los implicados en el caso y especialmente en la afectación o el engaño, la instrumentalización de la doctora Maribel Morales, ha reconocido su equivocación… Y pedimos que los demás procesados, especialmente el intendente Quinchanegua, también vea que la señora Dana Alejandra reconoció su responsabilidad y fruto de ello se le otorga un beneficio, con ello cuente quién le dio la orden”, dijo Wilson Pulido, abogado de víctimas.
Con el preacuerdo de la patrullera Canizales se lograría la primera condena por las chuzadas a Marelbys Meza. Los que negaron su responsabilidad, quienes defendieron el procedimiento mientras decían que era un montaje de la Fiscalía, ahora tendrán que escuchar un vergonzoso relato de cómo una niñera se convirtió en una perseguida por un grupo de policías afanados por encontrar la millonaria maleta de la cabeza del gabinete del Gobierno Petro.