Un expresidente del Congreso y un polémico, reconocido y condenado empresario serían las dos nuevas fichas clave en la investigación, que tomó un nuevo aire en la Corte Suprema de Justicia, contra la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. Se trata del exrepresentante de Hyundai en Colombia Carlos Mattos y del curtido político Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica.
Los avances en la investigación pusieron nuevamente contra las cuerdas a la senadora del Pacto Histórico, quien tendrá que presentarse ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el próximo 28 de julio a una diligencia de versión libre, en la que deberá explicar los nuevos y comprometedores señalamientos.
La columna vertebral del proceso contra Córdoba tiene que ver con la intermediación para facilitar pagos a empresarios colombianos a través de Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas), aprovechando su cercanía con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Tanto Mattos como Pinedo coincidieron en afirmar ante la Justicia el papel protagónico de la senadora Córdoba como intermediaria en estos pagos.
La declaración de Mattos sucedió la semana pasada en Barranquilla, donde se encuentra detenido. Bajo un estricto esquema de seguridad, fue trasladado a la sede de los juzgados para entregar el testimonio ante los investigadores.
En compañía de su abogado, Mattos empezó a responder cómo conoció a la senadora Córdoba. Dio un dato que para algunos resulta desconocido: fue compañero de Piedad cuando era congresista, pues él era el suplente del reconocido Roberto Gerlein, y ante una incapacidad médica ocupó su curul por unas semanas. Dijo que ahí la conoció y, aunque eran colegas, no tenían ningún vínculo de amistad.
Más adelante, ya en su exitosa trayectoria como representante legal de Hyundai, contó que le hicieron un homenaje como líder empresarial en Washington. En ese momento reapareció en escena Piedad Córdoba siendo congresista. Buscó a Mattos para que la invitara a ese evento con la justificación de relacionarse, acercarse y sostener relaciones políticas y diplomáticas con funcionarios de Estados Unidos. Mattos dijo que era una solicitud que le resultó extraña y otra vez explicó que eran conocidos del Congreso, pero no tenían un vínculo de amistad. Finalmente, el empresario la invitó.
Córdoba participó del pomposo evento y, contó Mattos, en agradecimiento le habló de la posibilidad (ofreció) ayuda con el presidente Chávez para aplicar a los pagos a través de Cadivi. Luego de varios días, la senadora nuevamente se comunicó con Mattos telefónicamente. Según dijo Mattos a la Corte, el motivo de esta llamada era para confirmarle que había logrado una cita con un ministro del Gobierno Chávez y le reiteró que era para el tema de Cadivi. Así acordaron un encuentro de ellos dos con el ministro venezolano.
La cita se dio en Caracas. Según señaló Mattos, estuvieron esperando al ministro durante tres horas y nunca llegó; finalmente, fueron atendidos por un funcionario de menor rango. La gestión, al parecer, fue infructuosa, pues aseguró que era “bastante dinero”, el que le debían pero nunca se hizo ningún acuerdo ni ofrecimiento, por tanto, no recuperó ni un peso.
Sin embargo, sí dijo que suministrará a la Corte los datos de su gerente en Venezuela, quien seguramente también será llamado a declarar. El asunto para esa época era de la mayor importancia, pues, ante la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, la incertidumbre por el pago a decenas de empresarios era total y, al parecer, Córdoba tenía las llaves para abrir la puerta a estos desembolsos.
Para esa época, agregó Mattos, uno de sus principales negocios en Venezuela era la venta de vehículos, no taxis como en Colombia. En ese país se había enfocado especialmente en camiones. La diligencia duró más de una hora, tiempo suficiente para poner a Córdoba en aprietos por sus intermediaciones, que, a juicio de los investigadores, tendrá que explicar a fondo, ya que otros testimonios aseguran que habría cobrado millonarias sumas de dinero en comisiones que nunca reportó.
El segundo testimonio clave en el proceso se presentó el 23 de junio en los tribunales de Santa Marta. Allí acudió el expresidente del Congreso Miguel Pinedo Vidal. El nombre de este político no era ajeno para los investigadores, pues desde el principio había aparecido en medio de las intervenciones de Córdoba ante el Gobierno de Venezuela, tal como lo había señalado su asesor Andrés Vásquez y lo reveló SEMANA.
Pinedo explicó que, en su condición de abogado, fue buscado por el empresario textilero Alberto Aroch Mugrabi, quien le preguntó, sabiendo que había sido parlamentario, si era amigo o si conocía a la senadora Piedad Córdoba.
En seguida, el empresario le dijo el motivo de la pregunta: nuevamente, el argumento era para agilizar el pago de los Cadivi, que Piedad Córdoba estaba en eso. Pinedo, dejando claro que lo hizo en condición de abogado, dijo que no había ningún problema y que él haría el puente. Para eso quedaron en acordar una reunión.
En su declaración a la Corte, Pinedo aseguró que Córdoba los puso en contacto con un asistente que trabajaba para ella en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y que, incluso, estaba en Venezuela. Se trataría de Andrés Vásquez, el testigo estrella de la Corte Suprema en este escándalo.
El encuentro finalmente quedó acordado en Venezuela y esta vez se habló de una reunión en una oficina del Gobierno. En este caso no asistiría Córdoba, sino su asistente, con quien ya habían establecido contacto. Pinedo aseguró que hasta ahí llegó su intermediación “como abogado” y no tuvo más conocimiento ni participación en los millonarios negocios.
SEMANA conoció que la Corte Suprema ordenó la práctica de nuevas pruebas para seguir avanzando en el proceso. Para eso será escuchado nuevamente el asesor Vásquez, quien el próximo 8 de agosto tendrá que rendir versión en el consulado de Miami, Estados Unidos, donde está radicado. Todas las piezas coinciden con la declaración de otro testigo, Salomón
Bendayan, bajo la gravedad de juramento, dijo en su momento a la Corte: “La operación que yo tuve con Aby (Aroch) duró un tiempo y fueron decenas de millones. Tengo detalles extensos de toda la operación, hasta que tuvimos problemas porque el gobierno venezolano paralizó la operación”.
Incluso, Bendayan coincide en su declaración con lo que han dicho otros testigos: “Un exsenador, Miguel Pinedo, nos presentó un muchacho que se llamaba Andrés Vásquez, que era la mano derecha de Piedad. Ella también se involucró porque era muy allegada a Chávez, entonces tuvimos buenos resultados porque, pese a que los pagos entre Venezuela y Colombia se habían estancado, nosotros tuvimos pagos”.
En toda esta trama, hay un ingrediente clave para las autoridades: la relación con Álex Saab, considerado el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. “Hasta el final de mi gestión, encomendada directamente por Piedad Córdoba, el gobierno de Venezuela había aprobado un monto importante de la deuda de 29 millones (de dólares) a las empresas de Álex Saab y otros no, por investigaciones de importaciones ficticias, manipulación de divisas y fraude aduanero”, señala un documento que Vásquez envió a la Corte. Este testigo dijo que Córdoba recibía comisiones por gestiones para que le fueran pagadas las cuentas pendientes a un grupo de empresarios, entre ellos Saab.
“A medida que iban concretando los pagos, iban cumpliendo con los compromisos con Piedad Córdoba y con la mano derecha de Nicolás Maduro, William Amaro (...). Ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo; sin embargo, en la segunda solicitud, Salomón dijo que era imposible seguir moviendo tanto dinero en efectivo y pidieron una empresa a la que pudieran transferir”, indicó Vásquez.
En ese momento, Saab habría puesto a disposición de la excongresista la cuenta de una de sus empresas. “Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Piedad Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia”, contó el testigo bajo juramento. Además, para que no quede ninguna duda sobre la veracidad de lo que afirma, Vásquez entregó los swifts de las transferencias de los pagos de comisiones a Córdoba a esas cuentas.
La defensa de la senadora, quien no asistió a escuchar estos dos nuevos testimonios por considerar que no tiene garantías, ha recusado a la magistrada del caso. No obstante, la Sala de Instrucción no encontró impedimento y el proceso sigue cada vez más complejo para Piedad Córdoba.
A su vez, la defensa de Mattos Barrero sostiene que su representado nunca mencionó en su testimonio haber recibido solicitudes dinerarias por parte de la senadora Córdoba Ruiz, así como tampoco que se hubiera hecho pago alguno a su favor u otras personas, por las gestiones ofrecidas para obtener del gobierno Venezolano el giro de dineros adeudados a empresas del mismo en ese país, a través de La Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), amén que nunca se obtuvo dicho pago por ese medio.