En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante cuatro años en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país. Su detención suscitó un verdadero revuelo político en pleno año electoral y en el cual su hermano Alex Char es el más opcionado para volver a la alcaldía de Barranquilla.
En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existe “evidencia suficiente para proferir una medida de aseguramiento de carácter preventivo en su contra”. El propósito es que no interfiera en la investigación y no evada a la administración de justicia, pues se había ido a vivir a Estados Unidos.
En la extensa decisión, la Corte da credibilidad a las cinco declaraciones que rindió la excongresista Aida Merlano, quien lo señaló directamente de participar en el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018 a fin de garantizar su reelección y aumentar su poder.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento, con el que se resolvió la detención “intramural” mientras se decide si es llamado a juicio por concierto para delinquir y manipulación de elementos materiales probatorios.
En esta ecuación corrupta ―según las pruebas― también habría participado Adalberto Llinás Delgado, amigo de Arturo Char y hermano de Lilibeth Llinás, a quien el menor del clan Char había impuesto como candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico.
Para ratificar el modo, tiempo y lugar de estos encuentros, la Corte citó la declaración de Rafael Antonio Rocha, quien fue el gerente de la campaña de Aida Merlano y aportó evidencia de las reuniones. “Está probada la existencia de las acciones coordinadas para el acceso fraudulento a votos, en orden a lograr la elección de Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado al Congreso, y la reelección de Arturo Char”.
La relación entre Merlano y la denominada casa Char tenía como factor especial la relación sentimental de la representante a la Cámara con el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien le había manifestado su apoyo para que diera el salto al Senado en 2018.
Como lo relata la Corte, estaba proyectado para lograr “una especie de gana-gana (...) se promocionaba políticamente a la amiga de Arturo Char, Lilibeth Llinás, y se respaldaba al mismo tiempo a la persona que mantenía una relación sentimental íntima con el alcalde de Barranquilla de la época”.
El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la presidencia de la república, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.
Las amenazas
En el extenso documento se revelan las amenazas que habría recibido Aida Merlano para que no contara la verdad ante las autoridades judiciales sobre los hechos que rodearon la compra de votos.
En octubre de 2019, mientras se encontraba en la cárcel El Buen Pastor, Merlano recibió la inesperada visita de Diego Muñetón, “un abogado emisario de la familia Char, quien le advirtió sobre la necesidad de que guardara silencio y que inclusive le habría leído una carta presuntamente escrita por Alejandro Char, en la cual, según relata Merlano, le ofrecía disculpas por todo lo sucedido, y se habría comprometido a ayudarle en sus procesos judiciales”.
Días después de esa visita, se presentó la cinematográfica fuga de Merlano mientras asistía a una cita odontológica. Por este caso también enfrenta una indagación preliminar Arturo Char, pues habría participado en la planeación y el financiamiento de la fuga, según el dicho de Merlano.
El factor Venezuela
Frente al tema de las visitas, la Corte tiene un as bajo la manga. Aprovechando el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, y teniendo en cuenta que Merlano estuvo en una cárcel en el vecino país, les pidió al Ministerio de Justicia y a la Cancillería que adelanten los trámites de colaboración y cooperación judicial para que “suministren, con el fin de ser incorporadas como prueba de esta actuación, el registro de visitas que recibió Aida Merlano mientras estuvo privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas”.
Con esta premisa, se considera que existen elementos suficientes para demostrar que Arturo Char podría afectar la recolección de pruebas. Para el alto tribunal, las amenazas que recibieron telefónicamente el papá y una hermana de la excongresista tendrían relación directa con lo que estaba contando ante las autoridades.
“Dile a tu hermanita Aida que tenga la boquita cerrada, que se deje de estar hablando y chambeando. Nosotros sabemos dónde tú vives en Villa Carolina, tienes tres hijos y si no querés que pase una desgracia, dile a tu hermanita que no esté hablando más”, le dijo un hombre, con acento paisa, a la hermana de la excongresista. Un mensaje muy similar al que recibió su papá.
Para la Corte, este temor es “razonable” y lleva a inferir que Char estando en libertad “puede generar un riesgo para la práctica adecuada y sin dilaciones injustificadas de los medios probatorios que no se han recaudado aún”.
Ocho meses fuera del país
La Corte también tuvo como argumento que, tras renunciar al Senado por la investigación en su contra, Arturo Char salió del país el 23 de noviembre de 2022 rumbo a Panamá y jamás regresó.
“Es decir que salió del país de manera casi simultánea con la orden de apertura de instrucción proferida por la Corte, y desde entonces, como dato objetivo y relevante, no se ha logrado que regrese al territorio nacional, ni siquiera a cumplir con la diligencia presencial, para la cual lo citó el despacho ponente en tres ocasiones”, se lee en el documento.
Esto llevó a la Corte Suprema a considerar que existe un elevado riesgo de fuga, máxime si se tiene en cuenta el “ostensible poder económico y político” para salir a otro país y así entorpecer el trámite de administración de justicia.
Treinta horas después de conocer la orden de captura en su contra, Char volvió a Colombia. En el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de su natal Barranquilla, fue capturado. En la actualidad se encuentra detenido en la cárcel La Picota, a donde fue trasladado el viernes en la noche.