Tras la colaboración efectiva de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de Sneyder Pinilla, su exsubdirector, esta semana la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra nueve congresistas por el escándalo de corrupción en la entidad. SEMANA revela cuáles son los episodios desconocidos que salpican a los parlamentarios. Hay maletas con dinero en efectivo, jugosos contratos y un papelito que enreda a varios parlamentarios de la Comisión de Crédito Público.
De igual manera, la Fiscalía anunció que imputará a López y a Pinilla por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Sorprendió que la Fiscalía no dijo una sola palabra sobre los ministros denunciados por López y Pinilla. Ellos son el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González. Tampoco se hizo mención alguna sobre la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien salió del Gobierno cuando estalló el escándalo y a quien señalan de ser la “mensajera” que le envió el dinero a Name
Un documento en poder de la Fiscalía, supuestamente de puño y letra de la representante Karen Astrith Manrique, es el que vincula a cinco congresistas más de la Comisión de Crédito Público con la presunta entrega de millonarios contratos. Hasta hoy, este papel es un misterio y está bajo custodia de la Fiscalía, la Corte Suprema y uno de los testigos. Así de clara y contundente ha sido la colaboración de López.
¿Pero de qué se les acusa a los nueve congresistas? SEMANA conoció en detalle la información que fue entregada a la Fiscalía y la trazabilidad de los delicados hechos por los que tendrán que responder los salientes presidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, y el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Wadith Manzur, quienes ya habían sido nombrados ampliamente en el escándalo.
Según la compulsa de copias de la Fiscalía, ahora, la lista la complementan Karen Astrith Manrique, quien escribió el papel que sería una prueba contundente e irrefutable, y que comprometería a Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bitar y repite Wadith Manzur. Julio Elías Chagüi también estaría involucrado con negociado aparte, supuestamente acordado con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Se trata de obras públicas en las que estaría la “comisión” que reclamaban a cambio de apoyar al Gobierno.
La supuesta compra de conciencias de parlamentarios se habría hecho en dos momentos. El primero, semanas antes de las elecciones regionales de octubre de 2023. El segundo, en diciembre del mismo año, por la necesidad de que fueran aprobados los créditos para la Nación en la Comisión Legal de Crédito Público.
El asunto al parecer lo tenían claro desde el Gobierno, sabían que la entidad adecuada para sacar el dinero era la UNGRD, porque en su obligación de atender emergencias de forma inmediata solo se requiere de una “orden de proveeduría” para el desembolso, y en horas la plata está consignada.
Elecciones
El caso de las elecciones es el más conocido, fue la génesis del escándalo y es el que involucra a los presidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle. A finales de junio, el presidente Gustavo Petro ordenó, desde Maicao, llevar agua a toda La Guajira. A las pocas semanas, el entonces director de la UNGRD anunció la compra de 40 carrotanques que resultaron en un contrato amañado, con sobrecostos y una coima de por medio con la que les habrían desembolsado el dinero a los congresistas.
Entre el 18 y el 21 de septiembre, Olmedo López habría visitado la Casa de Nariño para el consejo de ministros, en donde Carlos Ramón González y Sandra Ortiz le habrían ordenado apoyar económicamente a Name y a Calle.
Al siguiente día, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Ricardo Bonilla, a través del jefe de presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal #5723, y el 22 de septiembre ya estaba el dinero en las cuentas de la UNGRD. Parte de ese presupuesto iría para los congresistas.
El ministro Bonilla dice: “Esa es una operación normal, administrativa. Es esta cartera la que le entrega recursos, bajo solicitud de la Unidad. No es que yo le entregue los recursos porque sí. Ellos lo pidieron”.
Del contrato de carrotanques, por 46.000 millones de pesos, sacaron la coima de 5.050 millones de pesos que habría pagado el empresario pastuso Luis Eduardo López, en enero. Sin embargo, Sneyder Pinilla habría logrado el desembolso en octubre, cerca de elecciones. De ese dinero, 3.000 millones de pesos habrían terminado en los bolsillos de Name y los otros 1.000 millones en poder de Calle.
Como se sabe, en la primera entrega, por 1.500 millones de pesos, el 12 de octubre, habrían participado Olmedo López y Sneyder Pinilla, y se habría realizado en el Tequendama a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, cuyo nombre brilla por su ausencia en la imputación que realizará la Fiscalía. Los otros 1.500 millones de pesos habrían sido entregados al día siguiente, esta vez por parte de Pinilla a la misma Ortiz.
El 14 de octubre, Pinilla tomó rumbo a Montería. La cita era con el presidente de la Cámara, Andrés Calle, a quien le entregó 1.000 millones de pesos. Los desembolsos fueron días antes de las elecciones regionales. Name tenía a su hija, María Clara, como candidata al Concejo de Bogotá, y Calle a su hermano Gabriel, para la Gobernación de Córdoba.
La Comisión de Crédito
La segunda repartija se habría dado mediante contratos, todos para congresistas de la Comisión Legal de Crédito Público. La forma como se repartieron los contratos estaría registrada en el misterioso documento escrito por la representante Karen Astrith Manrique.
El 27 de noviembre, Olmedo López habría asistido a un “cónclave”. Esta vez, estaban el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, y los ministros Velasco, Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo y Gloria Inés Ramírez. Hasta ahora, Jaramillo y Ramírez no se han pronunciado sobre el tema y no participaron de más reuniones.
El 12 y 14 de diciembre, con el afán de aprobar los créditos para el Gobierno, llaman a Olmedo López y le dan una razón de Jaime Ramírez Cobo, enlace del Gobierno con el Congreso, quien pide celeridad en la entrega de los contratos.
El 15 de diciembre, en una reunión entre el ministro Bonilla y Olmedo se habría concretado la repartija: aprueban 92.000 millones de pesos para obras en Saravena, Arauca; Cotorra, Córdoba, y Carmen de Bolívar, en Bolívar.
En ese momento el supuesto enlace para la entrega del dinero era la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique. Prueba de esto sería el papel, ya en manos de las autoridades, pero nuevamente entra en escena Wadith Manzur, porque desde ese momento él sería el encargado de repartir los contratos entre sus colegas del Congreso.
Fue Manzur quien repartió entre Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Esther Bitar y Karen Astrith Manrique el millonario presupuesto.
Velasco y Chagüi
Falta la vinculación de uno de los congresistas que tendrá que responder ante la Corte Suprema, Julio Elías Chagüi, quien forma parte de la Comisión Primera del Senado. Esta vez la orden habría sido dada por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Olmedo López.
El asunto supuestamente se concretó el 6 de diciembre en un café en el Hotel Tequendama, en una reunión entre López y Chagüi. La orden de entregar el contrato fue dada inmediatamente a Pinilla, quien se encontraba en el mismo lugar, pero no fue parte del encuentro. Se trataba de una obra para el municipio de Sahagún, Córdoba, por más de 28.000 millones de pesos.
Según los testimonios y las pruebas aportadas, estas fueron las movidas del Gobierno, que le inyectó 700.000 millones de pesos a la UNGRD, teniendo claro que la entidad se puede manejar como si se tratara de una caja menor, empleada para mover los hilos del Congreso a su antojo, presuntamente comprando la conciencia de estos nueve congresistas.
Sin embargo, aunque la Fiscalía por fin imputará a Olmedo López y Sneyder Pinilla, y compulsó copias contra los congresistas involucrados, aún hay mucha tela por cortar e importantes protagonistas que no han tocado, como los miembros del “cónclave”, los ministros Velasco y Bonilla, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y la supuesta encargada de entregar el dinero al senador Iván Name, la exconsejera Sandra Ortiz.
Tras la compulsa de copias de la Fiscalía contra nueve congresistas, pareciera quedar claro que la colaboración de López y Pinilla ha sido eficaz. Por tanto, los testigos que se autoincriminaron esperan que les cumplan el principio de oportunidad.