Esta semana se encendieron las alarmas en medio de una reunión de la Comisión Interinstitucional de Justicia, a la que asistieron el fiscal Francisco Barbosa y los presidentes de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Comisión de Disciplina Judicial). Hubo preocupación cuando uno de los magistrados tomó la palabra y lanzó la siguiente frase: “Se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”.
La frase los dejó perplejos a todos porque se remitieron a 1985, cuando el M-19 se tomó la máxima sede del poder judicial en Colombia, lo que desencadenó un holocausto. Se trata de una herida enclavada en la justicia desde entonces.
El togado explicó los motivos que tuvo para lanzar esa sentencia. En esencia, planteó que en su alto tribunal temen por la seguridad de los magistrados y de todos los empleados. Sostuvo que los dispositivos de Policía para hacer control en el Palacio de Justicia han disminuido. Enseguida, otro magistrado se levantó y expresó las mismas preocupaciones y así, poco a poco, en la reunión quedó claro que hoy quienes conforman las cortes se sienten inseguros para ejercer su labor. El tema no fue menor.
Al final, los magistrados acordaron invitar al director de la Policía, general William Salamanca, para que les explique cómo está manejando la seguridad de las altas cortes y, sobre todo, por qué se han disminuido los esquemas.
Además, pondrán en conocimiento del alto oficial algunos hechos puntuales que los tienen preocupados. Hasta ahora, varios magistrados conversaron con SEMANA y confirmaron sus inquietudes. Sin embargo, consideran que, por el momento, quieren manejar este grave episodio de forma discreta e institucional. Esperan, en todo caso, las explicaciones de la Policía.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que no estaban en el encuentro, también han solicitado al Gobierno ampliar sus medidas de seguridad. El presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, informó que se conocieron nuevas amenazas de muerte contra funcionarios que se suman a las que recibieron hace dos meses dos magistrados que investigan casos de desaparición forzada en el marco del conflicto en Antioquia.
Las amenazas llegaron a los correos personales de dos abogados y una psicóloga. Se trata de un panfleto firmado por Las Águilas Negras en el que se mencionan los procesos que adelanta la jurisdicción y sin dirigirse a ningún funcionario en particular, por lo que se teme que las intimidaciones sean para todos los funcionarios que trabajan en la JEP.
“La JEP confía en los resultados de la Fiscalía para judicializar a los que buscan que no se conozca la verdad de los crímenes más atroces y que pretenden intimidar a quienes decidieron romper el silencio”, manifestó el magistrado Vidal.
Los últimos meses no han sido fáciles para quienes imparten justicia en Colombia. Las altas cortes, los fiscales y los jueces han sido sometidos a fuertes presiones y han tenido que salir en defensa de su autonomía e independencia frente al poder Ejecutivo. De hecho, ya son varios los choques entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Este último tribunal, incluso, tuvo que desmentirlo esta semana, recalcando que no acepta presiones y que la decisión de destrabar el pago de la mesada 14 para veteranos y heridos en combate de la fuerza pública fue autónoma y nada tuvo que ver con “gestiones” del mandatario u otros funcionarios del Gobierno. Es necesario que la seguridad de los magistrados sea cuidada milimétricamente, por el bien de la democracia.