La negociación de paz con la poderosa organización narcotraficante del Clan del Golfo está empantanada, en buena medida, por el violentísimo paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Pero desde ya avanzan, con completo hermetismo, en un plan para rescatar los diálogos y dejar ver al Gobierno y al país su supuesta intención de paz. La estrategia: la entrega en bloque de por lo menos 12 mandos de ese grupo.
SEMANA conoció que luego de un acuerdo entre los máximos cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (así denominados en la negociación) y como una muestra de “voluntad creíble para el país”, ocurriría la “entrega voluntaria” de entre 12 y 15 curtidos comandantes regionales dispuestos a dejar las armas, el negocio del narcotráfico y hasta ir a la cárcel y enfrentar a la justicia.
Las conversaciones y los puentes entre el Clan del Golfo y el Gobierno para abonar el terreno desde hace varias semanas se han mantenido en absoluta reserva y confidencialidad. El centro de la operación de la posible entrega y acercamientos ha sido Medellín y varios de los municipios aledaños del área metropolitana. Buscan que sea un hecho de impacto, incluso histórico, porque sería la primera vez en la trayectoria criminal que este grupo, considerado como uno de los carteles de droga más grandes del mundo, entregaría a la Justicia a algunos de sus hombres.
Las identidades de quienes compondrían este grupo ya estarían prácticamente acordadas. Serán varios de los jefes de operaciones regionales del Clan del Golfo en zonas como Chocó, Antioquia, Catatumbo, Sierra Nevada, Nariño y Putumayo, quienes, además, se convertirían en los emisarios de los cabecillas, representarían sus intereses y podrán establecerse como canal directo en las negociaciones.
¿Pero cómo llegaron a esa decisión en medio del enredado proceso? El Clan del Golfo tiene dos dolores de cabeza en cuanto a la negociación con el Gobierno: el primero, el violento paro minero, del cual, no hay duda, son protagonistas, y eso se está viendo como una violación del cese al fuego, que podría llegar a su final. La segunda talanquera es la desconfianza y la silenciosa guerra interna entre sus cabecillas, que incluso ya dejó un muerto, Wilmer Giraldo, alias Siopas, asesinado por el mismo Clan del Golfo. Su cuerpo fue arrojado, con evidencias de tortura, en Dabeiba.
El problema de fondo es que luego de la extradición de su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, todos se creen jefes a tal punto que a los encuentros clandestinos para avanzar en la negociación ninguno de los cabecillas pone la cara. Lo hacen a través de emisarios que los representan para evitar una mala jugada que les cobre la vida.
Frente a la “entrega voluntaria”, son conscientes de que hay un riesgo. Por eso, el compromiso interno es garantizarles seguridad, no solo para ellos en donde sean recluidos, sino para sus familias, y tendrán un acompañamiento jurídico permanente. Aunque en la escogencia de este primer grupo se ha verificado su situación jurídica –procesos penales, condenas y órdenes de captura vigentes–, lo más importante es que no exista un pedido de extradición o la posibilidad de que se dé. Esta es la línea roja de las Autodefensas Gaitanistas y una de las mayores preocupaciones.
Los hombres de esta organización se amparan en la promesa del presidente Gustavo Petro, quien señaló: “Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico no se extradita”.
El centro de la discusión y el debate jurídico se halla justamente en el proyecto de ley de sometimiento que acaba de radicar el Gobierno. El articulado es analizado con lupa para tomar la decisión y si las garantías son suficientes para que ocurra esa primera entrega.
Para los más duros contradictores de la negociación dentro del Clan del Golfo, hay una evidente inestabilidad jurídica. Consideran que los mensajes del Gobierno no son claros y hasta el trato es muy diferente al que se ha tenido con otras organizaciones criminales. Tampoco han pasado desapercibidas las duras críticas del fiscal Francisco Barbosa, quien afirma que es un pasaporte de impunidad.
“No se les pueden dar unos beneficios excesivos a aquellos que se someten a la justicia. Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les dio en La Habana. Acá hay una distinción, ya que uno es un proceso de paz y el otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del narcotráfico y paramilitarismo”, aseguró Barbosa.
Pese a las fracturas internas, de cara a la negociación el Clan del Golfo se muestra unido. Incluso en un comunicado aterrizaron lo que venían negociando en voz baja: ya tienen designados abogados expertos para negociar.
“Después de un consenso unificado entre el estado mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y, por ende, conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica en nombre del estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, dice un comunicado conocido hace unos días.
¿Enemigos de la negociación?
Así pues, es claro que la negociación está andando. En la última semana y con el fantasma del paro minero de fondo, se han sentado con la oficina del comisionado para la paz, Danilo Rueda, a fin de construir el protocolo de verificación del cese al fuego, que consideran una prioridad. El motivo es que justo en esas violentas protestas del paro minero, aseguran, hay hechos armados que no fueron cometidos por ellos, sino por el ELN, que busca minar la negociación. De hecho, le contaron a SEMANA que los cabecillas señalados como autores de los actos criminales llevan más de tres meses sin operar en esa región.
Las Autodefensas Gaitanistas reconocen que son una organización criminal, pero recalcan la prioridad del mecanismo de verificación, porque “nos está pasando como a Pablo Escobar, todos los hechos violentos nos los están atribuyendo, sin que eso sea verdad”. Y agregan: “Sí respaldamos el paro minero, pero no los actos vandálicos”. Por ejemplo, fuentes cercanas a las AGC le contaron a SEMANA que uno de los hechos más graves, la quema de ambulancias, no fue cometido por ellos, sino por el ELN. Esa información ya estaría en poder de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Justamente, el ELN y las disidencias, con quienes se disputan a sangre y fuego los negocios criminales, también son un punto neurálgico en las negociaciones. Aunque tienen claro que no se puede llevar un diálogo de tipo político, sí consideran que les están dando un trato diferente ante las concesiones que se plantean para ellos cuando se dedican a los mismos delitos.
Para los miembros de las AGC, es claro que se han dedicado al crimen, al igual que el ELN y las disidencias; por eso, reclaman más equidad en temas como el levantamiento de órdenes de captura. En estos casos, la Fiscalía se ha atravesado y ha impedido la suspensión de órdenes de captura por decreto, incluso de algunos jefes pedidos en extradición.
Aseguran que, pese a las pugnas internas, las AGC van a entrar en su totalidad en la negociación, es una directriz que habría dado el mismo Otoniel desde su cárcel en Estados Unidos. Dejan claro que él también trató de llegar a un acuerdo.
A fuego lento se cocina la entrega de varios mandos medios de peso regional, todos representando a los diferentes cabecillas de las AGC, para darle un impulso a la negociación, tener interlocución directa y tratar de desmontar la máquina criminal y narcotraficante del Clan del Golfo. Por ahora, pese a las verificaciones hechas por SEMANA, las partes no dan la cara y parece haber un pacto de silencio.