El embeleco en que se ha convertido la paz total y la falta de reglamentación frente a organizaciones criminales, diferentes al ELN y a las disidencias de las Farc, se convirtió en una zona gris que algunos avivatos han aprovechado para hacer negocio.
SEMANA conoció los detalles de cómo narcos y cabecillas de grupos criminales entraron a la lista de clientes de fundaciones que llegaron a cárceles con entradas vip para que estos delincuentes aterrizaran en la paz total a cambio de millonarios aportes.
En síntesis, lo que ofrecen esas fundaciones, como ha ocurrido en el pasado, es un tiquete de impunidad para criminales de marca mayor al colarlos en las listas de organizaciones que están negociando con el Gobierno. Esta vez se trató de un tumbe.
La millonaria estafa fue advertida por los propios privados de la libertad que denunciaron en SEMANA cómo, con autorización de los directores de las cárceles, llegaron con iniciativas sociales que tenían tarifa, pero a cambio garantizaban su vinculación en la iniciativa de paz del Gobierno nacional.
“Es gente que dice integrar fundaciones sin ánimo de lucro, pero lo primero que hacen es advertir que son necesarios algunos aportes económicos, que arrancan en los 100 millones de pesos”, señala un privado de la libertad que en la cárcel de Cómbita hizo algunos señalamientos.
Las exigencias de dinero, que en su tarifario llegaron hasta los 200 millones de pesos por cabeza, tenían una fachada. Los supuestos integrantes de las fundaciones advertían sobre la posibilidad de incluirse en la paz total y que el Gobierno atendiera la necesidad de reglamentar su situación jurídica. La factura incluía financiar supuestos proyectos sociales.
Así fue como surgieron iniciativas que invitaban a construir viviendas para los desprotegidos, subsidios para las víctimas del conflicto y hasta futuros escenarios deportivos o de educación acompañados de renders coloridos, copias descaradas de otros proyectos, incluso, en otros países.
SEMANA obtuvo un correo que le llegó a un grupo de privados de la libertad, sumados en la llamada “mesa de paz” de la cárcel de Cómbita, en el que les ofrecen algunas solicitudes en nombre del Gobierno, particularmente del comisionado para la paz y de la dirección del Inpec, para que se vinculen a programas de capacitación con diplomados, fuera de recursos económicos y jurídicos.
“La presidencia de la República de Colombia, en cabeza del doctor Gustavo Petro, en sus Políticas de Estado para un mejor país donde todas y todos disfrutemos del Derecho Fundamental de la Paz Total, trazó líneas de mesas de trabajo a través de la oficina de la comisión de paz, Dirigida por el Doctor Iván Danilo Rueda, con sede en la carrera 8 N. 7-26. Bogotá. Esta oficina ha conocido por intermedio de la Dirección General del Inpec el funcionamiento y trabajo de reuniones que realizan dentro del establecimiento penitenciario”, señala el correo enviado desde un extraño e-mail: presidenciaparalapaz@gmail.com.
El mensaje finaliza con una invitación a compartir unos documentos que acrediten a los privados de la libertad como integrantes de la llamada “mesa de paz” de Cómbita y así confirmar su participación en las capacitaciones y ayudas económicas o jurídicas. El texto lo firma, supuestamente, Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
SEMANA consultó el correo electrónico que aparece en el encabezado del e-mail, pero no hubo respuesta, al igual que en el Dapre. Se le escribió al director, Carlos Ramón González, y no fueron atendidas las solicitudes a fin de conocer si el correo, que tantas dudas dejó en la población carcelaria, efectivamente salió del despacho del funcionario.
El nuevo pacto
Las denuncias coinciden con los hechos revelados por SEMANA cuando se advirtió que abogados y encargados de algunas fundaciones llegaron a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, para exigir dinero con el mismo objetivo: comprar un tiquete de entrada a la paz total. Estas fueron asumidas por la Fiscalía y el Inpec. El problema, de acuerdo con fuentes del Inpec, es que los protagonistas de este escándalo decidieron cambiar de sede. Iban a La Picota y ahora están en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Las denuncias cambiaron de escenario, pero no de responsables.
El Inpec ya tiene identificadas las fundaciones y personas que pasaron los filtros para ofrecer cheques en blanco a nombre de la paz total y abrió una investigación, que se suma a los elementos recaudados en el capítulo inicial de esta novela en Bogotá. Avisó a los centros de reclusión, encendió los radares e identificó cuando las reuniones convocadas por ciertas fundaciones se convierten en ferias de ofrecimientos con falsas promesas. Pero no es un asunto fácil de controlar.
“Esas fundaciones tienen entradas. Resulta muy difícil controlarlas porque aparecen con el eslogan de los derechos humanos. A veces los mismos privados de la libertad los invitan, porque se interesan en lo que ofrecen. En otras oportunidades son los mismos directores de las cárceles los que permiten el ingreso, es un tema complicado”, aseguró una fuente del Inpec que habló con SEMANA.
Las fundaciones, que quedaron en registros fotográficos en su paso por distintas cárceles, integran un listado en poder de la Fiscalía, al que se suman denuncias de otras organizaciones serias que llevan años promoviendo la protección de derechos humanos en los centros de reclusión y que señalan suplantación de identidad, falsedad en documentos y una millonaria estafa a los privados de la libertad.
SEMANA obtuvo los documentos que acreditan la conformación de dichas fundaciones y las autorizaciones para ingresar a las cárceles. Según la información, al visitar las supuestas sedes aparecen zonas residenciales o locales comerciales, como panaderías, pero en los soportes figuran como las oficinas.
Tanto la Fiscalía como el Inpec mantienen la reserva de los documentos y la necesidad de guardar la razón social de estas fundaciones con el propósito de avanzar en las pesquisas y concretar el material de prueba, además de lograr la vinculación de los responsables en estas supuestas exigencias de dinero.
El Inpec aseguró que se abrió una investigación formal y la unidad de policía judicial avanza en el mismo objetivo. Por ahora, y en aras de garantizar que estos hechos no se repitan, se ordenó a los directores de las cárceles adoptar las medidas necesarias. Cualquier solicitud de fundaciones para ingresar a los centros de reclusión debe ser aprobada desde el nivel central de la entidad. Los pícaros están tratando de hacer fiestas con la paz total.