“Lo que exigimos es que se respete nuestro barrio como lo que es: un sector residencial y de buenos vecinos, queremos seguridad para nuestros hijos y tranquilidad para todos”. Con estas palabras se expresa Nelson Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Marsella de la localidad de Kennedy para resumir lo que la mayoría de los habitantes del sector demanda y es que no se acabe la tranquilidad y la armonía de su barrio con construcciones que alberguen usos de alto impacto. Al correo de Línea Ciudadana llegó la preocupación de los habitantes del barrio Marsella, cuya historia que ha dejado intranquilos a sus vecinos empieza desde hace siete años cuando se fueron instalando establecimientos de alto impacto como discotecas, bares y clubes en la Calle 6ª Con Carrera 71ª sin respetar el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). Los habitantes del sector, preocupados por la situación que se avecinaba con la presencia de estos establecimientos, como lo es el incremento de la inseguridad, la venta de sustancias psicoactivas, la contaminación tanto visual como auditiva y la obstrucción del paso, hizo que se unieran para adelantar procesos administrativos ante la Alcaldía Local para que se pusiera freno al asunto, sin embargo, el actuar por parte de las autoridades competentes ha sido negligente. Primordial aclarar el uso del suelo Como se establece en el POT el uso del suelo se asigna según el área de actividad que se determina para cada zona que pueden ser la siguientes: 1. Residencial 2. Dotacional 3. Comercio y Servicios 4. Central 5. Urbana Integral 6. Industrial. 7. Actividad Minera Cada una de estas áreas determina la vocación que se le asigna al suelo en cuanto a los usos, al definir los principales, los complementarios y los restringidos. Dentro de ellos, el área de actividad residencial designa el suelo como:“lugar de habitación para proporcionar alojamiento permanente a las personas” y establece unos usos complementarios como comercios y servicios de escala vecinal y zonal que complementan la actividad residencial. La panadería, el salón de belleza y la droguería son algunos ejemplos de estos usos complementarios establecidos por el POT en las zonas residenciales y que, en términos generales, deben estar delimitadas en unas zonas especificas denominadas “zonas delimitadas de comercio y servicios”. En cuanto al área de actividad comercio y servicios, se designa el suelo para: “la localización de establecimientos que ofrecen bienes en diferentes escalas, entre ellos el de servicios de alto impacto, zonas para actividades relacionadas con los usos ligados al trabajo sexual, la diversión y el esparcimiento”. Ahora bien, si algún uso permitido en el área de actividad no es conveniente en un sector particular y hay soporte que lo demuestre, es posible hacer una modificación a la UPZ y restringir el determinado uso. Este es un proceso que es acompañado por las comunidades que residen en el sector. Armando Lozano, director de Norma Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, en cuanto a esto explica: “cuando se reglamentan las UPZ se estudian de manera detallada las condiciones específicas de cada zona y en concordancia con los lineamientosdel POT se dosifica la intensidad de los usos permitidos en el área de actividad asignada. Así se pueden restringir algunos usos o limitar su intensidad, mas no se pueden incluir usos que no estén definidos en el área de actividad correspondiente”. En el caso del barrio Marsella, los establecimientos de alto impacto no están permitidos, puesto que la zona es residencial y en medio de los establecimientos se encuentra, además, un jardín infantil, por lo cual se le ha pedido a la Secretaría Distrital de Planeación en el marco de la modificación que se adelanta de la UPZ 113 Babaria correspondiente al sector, para armonizarla con los Planes Maestros, que se elimine el uso de “servicios turísticos” que están favoreciendo el crecimiento de actividades comerciales no acordes con el sector. En cuanto al control de la legalidad de los establecimientos, existen dos instancias, según Lozano, que corresponden, primero a la verificación que realizan los curadores urbanos sobre el cumplimiento de las normas vigentes mediante la expedición de las licencias urbanísticas, y segundo, el control que deben realizar las alcaldías locales a las obras que se ejecutan en concordancia con las licencias expedidas por los curadores. Los ‘micos’ detrás de los usos En cuanto al control de las obras, hay que anotar que la Administración es débil puesto que falta reforzar el personal capacitado para vigilar el cumplimiento de las normas en cada una de las 20 localidades existentes en Bogotá y que además hace falta la unificación de criterios por parte de la Policía Nacional y de las alcaldías locales para tomar determinaciones, como expresan los vecinos pertenecientes a la Junta de Acción Comunal. El ‘mico’ para que los establecimientos hagan uso indebido del suelo también se debe a que la norma urbanística está llena de tecnicismos que hacen confusa su aplicación, y termina la administración persiguiendo, por ejemplo, una razón social y no a la actividad específica que impacta de manera negativa y clandestina a una zona. Estas acciones desgastan tanto a la Administración pública como a los ciudadanos, pues lo que se hace no conduce al mejoramiento o al control de las actividades en los barrios. Todo comienza cuando al sector llega alguien y se instala en una casa donde se empieza una actividad comercial que cada vez se va volviendo más grande hasta el punto de que empiezan a comprarles las casas a las familias aledañas ofreciéndoles, aun, el doble de lo que vale el predio y así poder irse adueñando de la zona. De esta forma los vecinos que no vendieronen un principio, al ver que su cuadra se volvió invivible, les toca vender, ahora sí por pocos pesos, e irse. La concejal Diana Alejandra Rodríguez se ha venido interesando por esta problemática, manifestando tanto lo que ocurre en el barrio Marsella como en otros sectores de la ciudad. “La presencia de estos establecimientos trae consecuencias graves como el desplazamiento interno de la ciudad, el tema de la drogas, el alcohol y la prostitución, además del detrimento patrimonial, todo esto hace que la gente se vaya”, indica. Ella también trae a colación lo sucedido en la localidad de Suba, donde un líder comunal murió en extrañas circunstancias en el año 2007 y otro caso de asesinato en el barrio Las Ferias a una líder en 1999. Ambos ciudadanos lo que buscaban era el respeto de sus zonas liderando protestas y oponiéndose a la construcción de establecimientos no acordes con el sector, pero son casos que seguramente quedarán en la impunidad. Uno de los ejemplos más puntuales de Marsella sobre cómo logran los establecimientos hacer ‘mico’ a las normas es el de “Don Juan”, un establecimiento de alto impacto que cumple la actividad de discoteca y que ha sido cerrado seis veces por el alcalde local, pero que aún continúa en funcionamiento pues cada vez que es sellado abren una puerta nueva con otra nomenclatura y así continúan con la misma actividad. La comunidad ha presentado sus quejasy aunque se ha ordenado el cierre definitivo de algunos establecimientos, hasta el momento no se ha podido cumplir gracias a una estrategia “camaleónica” de los establecimientos, por la que logran ser cambiados a corporaciones y al ser privadas el código de Policía se queda corto. Ahora “Don Juan” se hace llamar Corporación Privada, donde según todos sus miembros están carnetizados. El caso de la construcción de moteles Marsella también es un ejemplo de las dificultades y desacuerdos que presenta la ciudad por la construcción de edificios que prestan servicios por horas en zonas residenciales. Desde el 2010 la Curaduría Urbana 2 dio la respectiva licencia de construcción de un apartahotel, si bien está catalogado dentro de los servicios turísticos, con ubicación en la paralela de la Avenida de Las Américas (sentido oriente-occidente). Dicha licencia fue otorgada sin cumplir los requisitos de ley, como la notificación a los vecinos colindantes y luego de que la Contraloría Distrital hizo unos hallazgos donde se evidenciaba que los planos no correspondían al de un establecimiento de servicio turístico como lo es el apartahotel, que consta de habitación, baño, cocina y sala y que no prestan servicios por horas, sino al de un motel (habitación y baño) y que de acuerdo con el Decreto 620 de 2006 se permite en la UPZ 113, el uso de servicios turísticos más no el de moteles. Así se da inicio a una acción de nulidad que fue admitida ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se encuentra en período probatorio. Ante esto se presentó un auto notificado a través de internet en el cual se cita para una conciliación el 22 de octubre, sin embargo, y como explica Carlos Hernández, abogado del caso, “cuando se demanda un acto administrativo como es una resolución de nulidad, no hay conciliación de ninguna naturaleza, el magistrado debe determinar que no sehizo de acuerdo con la Ley y por lo mismo declarar la nulidad de la misma”. El período probatorio para practicar una inspección judicial y la recepción de testimonios están decretados para ser tomados el 23 de enero del año 2013. Por ahora la construcción del “apartahotel” continúa. En este caso, la alcaldía local no puede hacer ningún tipo de seguimiento, sino cuando se concluya la obra y empiece a prestar los servicios, para así determinar si se cumple o no los lineamientos de apartahotel y se pueda proceder con los cierres temporales de acuerdo con las normas y posteriormentea un cierre definitivo. El compromiso con el nuevo Decreto que modificará la UPZ y que está a la espera de la firma del alcalde Gustavo Petro, es que allí no se podrán aprobar servicios turísticos ni de moteles. Este sería uno de los grandes avances que espera la comunidad para contribuir al buen uso del suelo es su barrio. Y es que el miedo de los habitantes de los barrios residenciales, y en el caso específico de la comunidad del barrio Marsella, es que la zona se convierta en territorio de nadie, como pasó con la llamada “cuadra picha”, ubicada en la 1 de Mayo. Ellos exigen un control efectivo para esta situación, haciendo un llamado a la Alcaldía Local y a la Policía para que ponga mano dura antes estos timos. “Esta es una lucha ardua, la única esperanza es que se de aplicación real a la Ley en el sentido que lo que se castiga es el uso del suelo, no la nomenclatura y el uso del suelo no está permitido para ninguna de las actividades de alto impacto que se desarrollan allí”, concluye Hernández. Este en un tema complejo que no sólo afecta a las localidades de Bogotá, sino que es una problemática a la que se enfrenan todas las ciudades. Se reciben constante amenazas a los líderes de las protestas y las autoridades competentes se quedan cortas para dar soluciones a este tema. Por ahora se espera, como lo comentó Lozano, que se simplifiquen los tecnicismos de las normas en el POT para que este sea más claro tanto para las autoridades competentes como para los ciudadanos y se pueda permitir así prevención y control efectivo para esta situación. Si quiere hacer público un problema de la vida cotidiana que lo afecte a usted o a más personas, escriba a LineaCiudadana@Semana.com. Recuerde incluir un número telefónico para que un periodista pueda contactarlo.