Agentes de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía ejecutaron este jueves órdenes de captura contra dos mandatarios locales de Caldas, que presuntamente tendrían vínculos con la red de corrupción que habría gestionado el congresista Mario Castaño, señalado de filtrar las administraciones de ese departamento.
En un seguimiento realizado por el ente de acusación habría quedado registrado la supuesta participación de Jhonatan Vásquez, alcalde de La Merced, y Diego Fernando González Marín, alcalde de Aguadas, en la organización que se extendió a otras regiones del país. En los audios revelados por la fiscal del caso, ambas entidades fueron salpicadas.
Las judicializaciones se realizaron a tempranas horas de este once de agosto en una redada por Caldas, Valle del Cauca y Cauca, sumando la judicialización de cuatro mandatarios. En esos departamentos se hallaron presuntas irregularidades en la asignación de contrataciones, donde visiblemente resultó favorecido el grupo del senador liberal.
En el municipio de La Merced, ubicado en el noroccidente de Caldas, el político habría metido las manos en un acuerdo interadministrativo para la gestión del riesgo de desastres: la edificación de un muro de contención y la evacuación de movimientos en masa.
Sin embargo, eso apenas sería una parte de los folios que reposan en los pasillos judiciales de Bogotá, donde están transcritas más de tres mil interceptaciones telefónicas. Solamente en este departamento cafetero, 985 llamadas darían cuenta de casos de corrupción en las localidades de La Merced, Aguadas, Pácora, Neira, Marmato, Riosucio y Anserma.
Además de estas capturas, que están en proceso de legalización en los respectivos departamentos, se podrían presentar en las próximas horas más detenciones, donde también resultó afectada la alcaldesa de Alcalá, Valle del Cauca, Gloria Estella Raigoza Londoño.
A la mandataria le sindican al menos dos delitos: concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo. La captura de la alcaldesa, que llegó al poder tras ser apoyada por varios partidos, fue ordenada por un juzgado de Bogotá que la señala como presunta autora, a título de dolo, de los delitos mencionados.
Recientemente, la Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir al director de la Escuela Taller de Salamina (Caldas), James Peña Garzón, señalado por la Fiscalía General de tener vínculos con la organización criminal que lideraba el senador Mario Castaño. Tras la pregunta del juez de control de garantías, el director de la Escuela Taller se declaró inocente.
La Escuela Taller está bajo el amparo del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Salamina. Fue creada para fomentar el Paisaje Cultural Cafetero y otras actividades turísticas en la región. Peña es investigado por las irregularidades que se presentaron durante la entrega y celebración de un contrato avaluado en mil millones de pesos.
El fiscal 93 especializado de la Unidad Anticorrupción citó varias de las interceptaciones hechas por el ente investigador en contra de dos de los principales integrantes de la organización conocida como Las Marionetas y en las cuales mencionaron repetidamente a Peña Garzón.
En dichas interceptaciones, las cuales fueron reveladas en exclusiva por SEMANA, Nova Lorena Cañón, una de las principales lobistas de la organización y una de las personas más cercanas a Mario Castaño, mencionó las reuniones que se estaban adelantando con el Ministerio de Cultura para la obtención de contratos para la Escuela Taller de Salamina.
“En esa reunión Mario me habla de la Escuela Taller de Salamina, Caldas. Me dice que hay un proyecto, en MinCultura, sin recursos, y me dice que si es posible que me acerque al viceministro Londoño y consiga los dos mil millones, para que sean trasladados de Hacienda a Cultura. Es ahí donde él me envía el celular del viceministro”, detalló.
“En esa misma oportunidad, fue que Mario Castaño me ofreció el 15 % de los 2.000 millones, es decir, 300 millones”, señaló la mujer, quien aclaró que el dinero debía ser compartido con otro lobista llamado Pablo Gómez y otra persona que finalmente no participó en las gestiones.