Después de 10 años de búsqueda en varios países y de un laborioso trabajo de investigación, la Fiscalía General de la Nación seccional Caldas y la Policía Nacional lograron la captura de un hombre que contaba con circular roja de Interpol.
El análisis de los investigadores permitió determinar que este ciudadano venezolano, llamado José Daniel, se escondía de las autoridades en la ciudad de Medellín utilizando una cédula colombiana falsa que tenía el nombre de Juan Carlos.
Este fugitivo de 27 años era requerido desde hace una década por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado de Mérida, Venezuela, por el delito de feminicidio.
Se le acusa de asesinar el 13 de octubre de 2013 a su entonces pareja sentimental, una joven identificada como Katherine Blacker Zerpa de 26 años de edad, a quien estranguló en un hotel de
Tucaní, capital del municipio de Caracciolo Parra Olmedo, en el estado de Mérida; en el que la citó para una supuesta reconciliación, ya que ella lo había abandonado por violencia intrafamiliar.
Al parecer ese día se comunicó por teléfono con su padre y le confesó lo que acababa de hacer, por lo que le dijo que no lo volvería a ver, puesto que debía escapar de la ciudad.
Sin embargo, estuvo en el funeral de la mujer y fue reconocido por algunos familiares de la víctima, pero hizo varios disparos al aire para poder huir en una motocicleta.
Tras la muerte de la mujer, el paradero de este sujeto fue todo un misterio, hasta que las pistas permitieron ubicarlo trabajando para una empresa de construcciones civiles en la capital antioqueña, utilizando un nombre ficticio.
Se espera su extradición para que responda ante los tribunales de su país por este lamentable suceso.
Otras acciones desplegadas por las autoridades en el departamento hicieron posible la desarticulación de un grupo delictivo denominado La Central, que al parecer se dedicaba al tráfico de sustancias alucinógenas en el municipio de La Dorada, al oriente de Caldas.
La Policía Nacional y la Fiscalía adelantaron de manera simultánea cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Obrero, La Concordia y Centro; así como en el municipio de Puerto Boyacá.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta organización desarrollaban sus actividades desde hace aproximadamente un año, bajo el liderazgo de dos personas conocidas como Jair y Manito.
Estos a su vez contaban con varios distribuidores para dinamizar la comercialización de la droga en diferentes zonas de La Dorada; quienes fueron identificados como Estrella, La Flaca, Motor, Barrabás, Polo, Carlos y Omar, con edades entre los 22 y los 46 años.
Al parecer, los cabecillas adquirían los estupefacientes en Puerto Boyacá y los transportaban hasta territorio caldense en buses de servicio público, para evitar ser detectados por la Policía Nacional en los controles viales.
Durante los allanamientos se produjo la incautación de 56 gramos de cocaína, 24 gramos de marihuana y dinero en efectivo, que presuntamente es producto de la comercialización de las sustancias ilícitas.
Las personas capturadas fueron enviadas a la cárcel por un juez, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hay otro ciudadano que no fue enviado a prisión, pero sí continuará vinculado a la investigación.
También en el municipio de La Dorada se logró la detención de tres personas identificadas con los alias de Carlitos, La Perris y Chupón; de 22, 23 y 25 años de edad, quienes son señalados de cometer varios hurtos en viviendas de la población.
De igual forma, se les acusa de ingresar el pasado 27 de marzo a una institución educativa para robar un computador y un vídeo beam, lo cual generó gran indignación en la comunidad porque el colegio se encuentra en una de las áreas más vulnerables de la localidad.
Sobre los dos hombres arrestados, quienes fueron enviados a la cárcel, se conoció que tienen antecedentes por amenazas, hurto calificado, estafa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios partes o municiones. Entre tanto, la mujer recibió el beneficio de prisión domiciliaria.