Ante las marchas de protesta adelantadas por las principales calles de la ciudad, en las cuales se pedía evitar el cierre de cuatro instituciones educativas de gran tradición, la Alcaldía de Manizales anunció que se elaborará un informe de insuficiencia por parte de la Secretaria de Educación.

El objetivo primordial es aclarar la decisión tomada por la Contraloría General de la República, así como buscar las alternativas necesarias para evitar el cierre definitivo de estos centros académicos.

Sobre este particular la secretaria de Educación de Manizales, Elizabeth Pacheco Alzate, dijo que existe mucha desinformación acerca del posible cierre de los colegios Divina Providencia, La Salle, Colcristo y Perpetuo Socorro.

Buscan las alternativas necesarias para evitar el cierre definitivo de estos centros académicos en la capital de Caldas | Foto: Semana

“Manizales ha venido trabajando desde hace más de 3 meses con el Ministerio de Educación Nacional, realizando el estudio de insuficiencia para desvirtuar y demostrar la necesidad que hay de continuar con esas instituciones”, indicó.

Explicó que se convocó una mesa de trabajo para buscar soluciones que lleven a evitar el cierre definitivo de los cuatro colegios; y que además se hará una nueva reunión en los próximos días para socializar el informe de insuficiencia que se presentará ante la Contraloría.

Por su parte la secretaria de Seguridad Social del sindicato Educadores Unidos de Caldas, (EDUCAL), Gloria Nelfi Salazar, señaló que es indispensable este estudio de insuficiencia para que se reverse la situación de no permitirles a estas instituciones la matrícula de estudiantes para grado preescolar; ni tampoco reponer los que terminan este año el grado undécimo o aquellos cupos a los que renuncian voluntariamente los padres de familia.

“Es necesario que la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Manizales defiendan con todos los argumentos y con ahínco estas cuatro instituciones”, manifestó.

Hay otro colegio que cesará sus actividades en Manizales, la Divina Providencia, pero en este caso las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, que es la comunidad propietaria de la planta física, comunicó a la Alcaldía de Manizales que después de 84 años ya no tenían interés en continuar prestando los servicios educativos.

En Manizales buscan evitar aplicar la decisión tomada por la Contraloría General de la República de cerrar algunos colegios

Lo cierto es que estas cuatro instituciones sufrirán un desmonte paulatino, porque a la vuelta de pocos años ya no tendrán mayor cobertura a medida que los estudiantes se vayan promoviendo de grado o sus padres decidan llevarlos a otro sitio.

Con estos colegios se tiene un contrato de prestación de servicios educativos, ya que sus plantas físicas son propiedad de comunidades religiosas, los cuales se pagan con recursos que provienen del Sistema General de Participaciones del Ministerio de Educación.

Hace varias décadas esta fue una alternativa importante para brindar los suficientes cupos en el sistema académico, pero actualmente el notable descenso en la tasa de natalidad hace que las 47 instituciones educativas que pertenecen al municipio tengan la capacidad suficiente para atender la demanda.

Como ejemplo están el Liceo Isabel La Católica y el Inem Baldomero Sanin Cano, que podrían albergar los estudiantes provenientes de estos cuatro colegios porque no tienen ni la mitad de sus plazas estudiantiles ocupadas.

Cuatro instituciones educativas de Manizales sufrirán un desmonte paulatino, porque a la vuelta de pocos años ya no tendrán mayor cobertura | Foto: Trevor Williams

Por ello la Contraloría General de la República determinó dar inicio al desmonte gradual de la contratación con estas instituciones a partir del 2024; pues no se considera necesario porque existe la capacidad suficiente en los colegios oficiales cuya planta es del Municipio para atender esa demanda de cupos.

Uno de los puntos que habría dado origen a esta decisión de la Contraloría, es una denuncia presentada por el Sindicato Unidos Por la Educación, (SUPE), donde se manifiesta que algunos de estos colegios con los que se tiene el contrato reciben anualmente una asignación por cada alumno que es en promedio 10 veces superior a las de las instituciones oficiales.