Las autoridades en el departamento de Caldas han salido a desmentir la autenticidad de un video que circula a través de las redes sociales, así como por cadenas de WhatsApp, en el cual se observa a cinco hombres y tres mujeres con uniforme camuflado y fuertemente armados.
En el mensaje hay alguien que pone su voz a las imágenes para identificarse como un supuesto comandante Willington, quien sería el coordinador de un frente de las Farc, llamado Tulio Barón.
En el audio se menciona el conocido discurso insurgente de guerra contra la oligarquía y explotación de los recursos, por lo que se anuncia una supuesta reunión a la que serán convocados los comerciantes, empresarios transportadores y propietarios de fincas, entre otros.
A su vez, advierte que quien no acuda a esa llamada será declarado objetivo militar, y menciona algunos municipios de Caldas en los que tendrían presencia, como Neira, Villamaría, Pácora, Pensilvania, Manzanares, Salamina y su corregimiento de San Félix, o la zona del Alto de Letras, en Manizales.
Frente a las inquietudes que puedan surgir entre la comunidad por este mensaje, el comandante del Batallón Ayacucho de Manizales, coronel José Francisco Candela Acosta, ha explicado que este video es falso y ha sido editado.
“Este video fue grabado en el año 2020, en el oriente del país, por un grupo de disidencias”, señaló el coronel.
Indicó que la grabación fue hecha por un grupo disidente en el departamento de Casanare en el año 2020, pero que hay personas inescrupulosas que lo han editado varias veces para hacerlo rotar en diferentes departamentos del país.
“Queremos confirmar y reafirmar nuestro compromiso de trabajar por la seguridad del pueblo caldense y proteger toda la población civil y sus intereses”, manifestó.
Por parte de las autoridades se pide a la ciudadanía tener mucha cautela a la hora de replicar esta clase de información en sus redes sociales, ya que primero es de gran importancia verificar si su contenido es cierto, para evitar así que se genere pánico y zozobra entre los habitantes con noticias falsas.
En otras noticias relacionadas con el Ejército Nacional en el país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a 22 militares y dos civiles que habrían participado en una red de corrupción que defraudó al Estado en más de 320 millones de pesos.
Dentro de los involucrados se encuentra un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo, quienes, según el ente acusador, se habrían prestado para certificar la incorporación y existencia de personal que nunca hizo parte de las filas militares.
Las investigaciones indicarían que los procesados falsificaron exámenes médicos de incorporación, procesos administrativos, asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo, y pagos de bonificaciones en efectivo para soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.
Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, cargaron con información fraudulenta distintas bases de datos de la institución para justificar los requerimientos que se hacían. También habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.
La Fiscalía cuenta con información que advierte que los procesados habrían presentado denuncias ante la Justicia Penal Militar por supuestas deserciones de los soldados inexistentes. Esto último habría motivado capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por este delito.
“A un ciudadano incauto le pidieron sus documentos de identificación, les tomaron fotografías y de esta manera lo hicieron pasar como un soldado; cuando ya lo hacen pasar como desertor, el juez penal en su instrucción militar ordena la captura, una vez capturado y una vez advertido en el acervo probatorio de este proceso por deserción, se dieron cuenta de que este ciudadano nunca había siquiera pisado el Ejército Nacional”, describió el fiscal encargado del caso.
Los 24 investigados fueron capturados en Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); Cimitarra y Bucaramanga, (Santander) y en Bogotá.
Por estos hechos, a los investigados se les acusó como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Los cargos no fueron aceptados.