Un hombre identificado como Pibe Yuber Ramírez Caicedo, denunció penalmente al alcalde de La Dorada (Caldas), César Arturo Alzate Montes, tras señalarlo por el presunto delito de corrupción de sufragante.
De acuerdo con la denuncia, presuntamente, el mandatario Alzate Montes estaría utilizando una camioneta Toyota Hilux color blanca para al parecer repartir mercados por toda la ciudad.
“Estos mercados los entrega su conductor como se puede ver en el video que se aporta como prueba. El alcalde de La Dorada está adentro de la camioneta y es él quien va direccionando donde entregar estos mercados en plena campaña electoral. Está participando en política y constriñendo al elector”, dice la denuncia.
Agrega: “los veedores del municipio de La Dorada están impresionados del grado de corrupción del alcalde municipal César Alzate. El carro de la administración municipal entregando mercados y dinero constriñendo al elector, y de manera sistemática persigue a los órganos de control y a la Policía que está secuestrada por unos cargos que le dieron a las esposas de nuestros policías”, se lee en el documento al cual SEMANA tuvo acceso.
Asimismo, la denuncia asegura que el mandatario César Arturo Alzate Montes, habría amenazado a la Procuraduría General de La Nación y periodistas. “También llama a ciudadanos a amedrentarlos para que voten por Fabio Moncada”.
Por lo anterior, el denunciante afirma que el municipio de La Dorada está atemorizado. “El Procurador Regional pudo constatar la forma en la que el alcalde tiene atemorizado a todo el mundo”.
El documento también explica el presunto delito de corrupción de sufragante al que estaría expuesto Alzate Montes.
“El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
“Como se puede observar en los hechos narrados, se colige la presunta comisión del delito de corrupción de sufragante por parte del denunciado”.
En el rango punitivo, de conformidad con el artículo 390 del Código Penal, modificado por el artículo 6 de la Ley 1864 de 2017, la pena para este delito es de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. Entretanto, la pena se aumentará de la mitad al doble cuando en la promesa, pago o entrega de dinero, beneficios o dádivas medien recursos públicos.
SEMANA intentó comunicarse con el alcalde La Dorada (Caldas) para conocer su postura frente a estos presuntos señalamientos, pero no obtuvo respuesta. De igual forma, el mandatario no se ha pronunciado en ninguno de sus canales oficiales.
Cabe recordar que en momentos en que la Corte Suprema de Justicia le impuso una dura condena por corrupción en contratación al poderoso exsenador del partido liberal Mario Castaño, desde el Congreso de la República hicieron una solicitud para que las autoridades pongan la lupa en el departamento de Caldas, específicamente en el municipio de La Dorada.
De acuerdo con las denuncias, en la región se estarían generando procesos de corrupción en contratación estatal por más de $40 mil millones.
El representante por el partido liberal por ese departamento, Octavio Cardona, le solicitó a la Contraloría que ejerza de manera inmediata un control concomitante y preventivo para que revise la contratación que se estaría haciendo en la Alcaldía y determinar si se estarían haciendo estos contratos de manera directa.
Cardona presentó una proposición, que ya fue aprobada por la Cámara, en la que pide revisar dicha contratación, advirtiendo que “se están robando el municipio”.
“Que le digan al país de una vez por qué todos los procesos de licitación allá en La Dorada no se están haciendo y ahora se contrata directamente, precisamente, a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales, Erum”, acotó.
El congresista también se preguntó hasta dónde va la responsabilidad del alcalde César Alzate y los funcionarios encargados de la contratación en estos posibles hechos de corrupción.
El representante advierte que en La Dorada no se puede evadir la obligación de llevar a cabo procesos de contratación pública como lo ordena la ley. “Lo que estamos pidiendo a la Contraloría es que ponga los ojos en La Dorada”, agregó.