Las escenas lamentablemente siguen siendo frecuentes en las calles de nuestro país: plazas, parques o andenes, en los que pequeños niños y niñas aparecen de la nada delante de las personas para pedirles con sus manos estiradas una moneda, mientras a la distancia son observados por unos adultos que los vigilan y esperan su llegada para ver el éxito que tuvieron en su labor.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), existe una relación directa entre la práctica de la mendicidad infantil y factores como la pobreza o la desigualdad a nivel social. Los menores terminan en un entorno que puede representar para ellos un riesgo inminente porque están expuestos a una serie de situaciones que pueden dar lugar a muchas cosas.

En Manizales, este fenómeno se observa en algunos puntos específicos del Centro Histórico, donde muchos jóvenes que portan incluso aún su uniforme del colegio deben acompañar a sus padres o abuelos mientras venden sus productos.

Sin embargo, las situaciones más dramáticas se dan cuando, entre un grupo de mujeres con trajes de comunidades indígenas, se puede observar a algunas de corta edad danzando en la carrera 23, específicamente a la altura del parque Caldas.

Además del Centro, sitios como el sector de El Cable, la plaza Alfonso López, el parque Liborio Gutiérrez, la Galería o las cercanías a la Universidad Autónoma fueron visitados por integrantes del ICBF, la Secretaría de Gobierno de Manizales y el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana. Adelantaron charlas de sensibilización con la comunidad para conocer más acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los cuales ven vulnerados sus derechos con prácticas como el trabajo infantil forzado y la mendicidad.

Se le pide a la ciudadanía que la colaboración sea constante con las autoridades, comunicando oportunamente a las líneas 123 o a los números de los cuadrantes cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o mental de los jóvenes. Durante los operativos fueron detectados cuatro menores en esta clase de situaciones, por lo que de inmediato quedaron bajo la protección de Bienestar Familiar.

También en los otros municipios de Caldas se llevan a cabo acciones que están encaminadas a erradicar estas prácticas de mendicidad infantil, con la realización de charlas pedagógicas o la entrega de volantes para sensibilizar a la población en sitios específicos como plazas de mercado, semáforos de puntos neurálgicos, parques, áreas comerciales o en cercanías a las instituciones educativas.

Hasta la fecha se han adelantado 12 acciones de control y 89 campañas de prevención en 25 municipios; impactan de manera positiva con esta información a más de 2.543 personas y 1.975 estudiantes de 28 de las principales instituciones educativas de cada localidad. Esto ha permitido que tres menores hayan sido rescatados de los trabajos forzados o la mendicidad.

Obviamente, esta problemática afecta a miles de jóvenes en Colombia, pues se estima que una cifra superior a los 500.000 niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar o ejercer la mendicidad; la mayoría de los casos ha sido detectada en las áreas urbanas de las ciudades capitales o los lugares turísticos con mayor afluencia de público, con un número altamente superior de mujeres en ese rol.

Vale destacar que, de acuerdo con el análisis hecho por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), estas personas ven mermadas sus oportunidades de desarrollo emocional, cultural y recreativo; no tienen en la mayoría de los casos acceso a los sistemas educativos o de salud, por lo que terminan en ocasiones siendo víctimas de enfermedades de toda clase o sometidos a los matrimonios a temprana edad o convivencias en pareja no formales.

Esta organización advierte que en los 36 países que hacen parte de Latinoamérica y el Caribe, la pandemia por covid-19 genera un problema enorme para erradicar el trabajo infantil en el año 2025, como se tenía inicialmente previsto, debido a las condiciones de extrema pobreza a la que se vieron abocadas muchas familias en la región.

Se calcula que hay 8.200.000 menores entre los cinco y los 17 años que trabajan en estas naciones, en su mayoría ubicados en las áreas urbanas; aunque es notable el crecimiento de estos casos en las zonas dedicadas a las labores agrícolas, se convierten en un foco de explotación y economía sumergida, especialmente porque al menos la mitad de ellos desarrolla profesiones que se podrían considerar como peligrosas para su salud o el desarrollo de su personalidad.