En el ojo del huracán se encuentra Diego Pineda Álvarez, exalcalde del municipio de La Dorada, Caldas, por los cargos que le imputó la Procuraduría General de la Nación ante presuntas irregularidades en los contratos para el servicio de grúas, parqueaderos y licencias de tránsito durante su mandato entre los años 2016 y 2019.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Pineda Álvarez permitió que varios particulares prestaran sus servicios para la elaboración de placas para vehículos, motocicletas y motocarros mediante la empresa Inversiones JHLV SAS sin que hubiera un negocio jurídico estricto para su realización. Además, la firma en mención se encargaba de los parqueaderos, grúas y suministros de insumos para la expedición de licencias de tránsito y de conducción.
Este asunto salpica también a Mauricio Rodríguez García, quien estuvo al frente de la dirección administrativa de la Secretaría de Tránsito y Transporte de La Dorada en el año 2107; así como a Diana Salazar Rosas, que lo hizo entre 2018 y 2019, ya que al parecer desconocieron los principios de la contratación estatal, economía y de la función administrativa en el ejercicio de sus funciones.
La Procuraduría calificó de manera provisional esta falta como gravísima a título de culpa grave, debido a que las personas implicadas presuntamente omitieron todos los estudios previos que deben hacerse para poder adjudicar la prestación de estos servicios.
Procuraduría hace llamado a gobernadores y alcaldes para cumplir con el PAE 2023
El 2022 está a punto de finalizar y, antes de recibir el año nuevo, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró el llamado a los mandatarios departamentales para cumplir a cabalidad con el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el 2023.
De esta manera, el Ministerio Público instó a las entidades territoriales a garantizar su operación de manera oportuna y de calidad en todo el país, desde el primer día y durante todo el calendario académico 2023.
La procuradora hizo un llamado para iniciar la operación del PAE con todos sus componentes sin retrasos y en cumplimiento de la normatividad, evocando la Directiva No. 019 del 1 de noviembre de 2022, en la que se le pidió a los mandatarios asegurar la disponibilidad de recursos, verificar la idoneidad de los contratistas e iniciar la gestión contractual necesaria antes del 31 de diciembre, salvaguardando los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano.
De acuerdo con lo expuesto por la Procuraduría en un comunicado, la normativa expedida por el Ministerio Público y remitida a las entidades territoriales de manera anticipada, también refiere que se deben mantener los estándares y condiciones mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del PAE, garantizando que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.
Adicionalmente, el órgano de control insistió en que continuará con la vigilancia preventiva al PAE, con el fin de anticiparse a la ocurrencia de hechos y evitar que se presenten las demoras y dificultades evidenciadas en el 2022, en la mayoría de los casos relacionadas con la deficiencia e inoportuna asignación de los recursos al programa, falta de planeación en la ejecución de los contratos, indebida focalización de los estudiantes, insuficiente infraestructura y dotación en las instituciones educativas donde se presta el servicio y falta de calidad e inocuidad de los alimentos entregados.
Casos preocupantes durante 2022
Por ejemplo, la Procuraduría indicó que uno de los casos más preocupantes se presentó en el departamento de Magdalena, que duró ocho meses sin prestación del servicio y tuvo tres declaratorias de desierto; seguido de Cúcuta, que tuvo cinco declaratorias de desierto, aunque logró prestar el servicio con mayor oportunidad que Magdalena.
“Otro de los inconvenientes recurrentes está asociado al inicio tardío en la prestación del servicio, nuevamente el caso más alarmante en la vigencia 2022 fue el departamento del Magdalena, con 102 días de retraso; seguido del municipio de Sincelejo, con 88; Sucre, con 81; Neiva, con 78; Cúcuta, con 68; Cesar, con 50; y Caquetá, con 49″, detalló el Ministerio Público.