Una acción popular presentada por el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis, en la que se pedía suspender la licitación para las obras de construcción de la línea 3 del Cable Aéreo de Manizales, fue la base para que la titular del Juzgado Segundo Administrativo, Patricia Varela Cifuentes, diera la orden que deja por el momento detenido este proyecto.
La petición del señor Arbeláez Mutis indicaba que existe un alto riesgo de detrimento patrimonial y de afectaciones graves por cuestiones de tiempo y licitación transparente de este proyecto, en el que están vinculadas la empresa Ideas Más, InfiManizales y la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3.
Uno de los puntos que mayor peso tuvo para que se tomara tal determinación es la falta de predios para el desarrollo de las obras porque podría generar retrasos en su inicio, ya que no se cuenta con una disponibilidad física y jurídica de estos, sino de una serie de herramientas para adelantar las gestiones de adquisición, lo cual hace inviable que se dé comienzo a los trabajos.
Entre las dudas que plantea la jueza en el fallo emitido está si el contratista puede iniciar la construcción en los predios que se identificaron como óptimos, a pesar de que no se ha llevado a cabo ninguna clase de gestión para la compra con sus propietarios. Igualmente, cuestiona el hecho de que ya se haya suscrito un contrato para esta obra y esté corriendo el tiempo para su ejecución sin saber exactamente en cuáles terrenos se realizará.
Hace claridad en que no se puede aceptar el argumento que entregan las partes vinculadas a la construcción de esta tercera línea, según el cual es el contratista quien definirá la ubicación final de las estructuras, debido a que esto significa hacer un replanteamiento del proyecto.
Agrega que tras analizar los alegatos de la defensa se detecta un contrasentido porque en una parte menciona que ya se está adelantando la gestión predial, pero en otra asegura que es el contratista quien definirá los terrenos en los que se instalarán las pilonas.
Frente a esta situación, el concejal de Manizales, Christian Pérez Holguín, ha manifestado a través de sus redes sociales que varios integrantes de la corporación interpusieron también una demanda que buscaba la suspensión del proyecto por errores graves de planeación, por lo que celebra que la justicia les esté dando la razón.
Por su parte, la Alcaldía de Manizales emitió un comunicado en el que asegura que respeta la decisión de la jueza, pero que su equipo jurídico prepara la apelación con base en lo que contempla la Ley 1682 de 2013, según la cual en Colombia no es necesario contar con la totalidad de los predios para dar inicio a las obras de infraestructura de transporte.
Expone también algunos ejemplos como las líneas 1 y 2 del Cable Aéreo de Manizales, el proyecto para el metro de Bogotá, el metro de la 80 en Medellín y la Concesión Pacífico Tres, entre otros; que dieron comienzo a los contratos sin tener el 100 por ciento de los predios adquiridos. Agrega el comunicado que esta clase de obras implican múltiples frentes de trabajo y que ya se tienen los terrenos suficientes para hacer avances en el cronograma.
Hace pocos días la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, el Centro de Observación para la Infraestructura y la Corporación Cívica de Caldas; emitieron un comunicado en el que señalaban los traumatismos y la desconfianza que ha generado en los habitantes de Manizales la falta de planeación y la deficiente ejecución de algunas obras como el intercambiador vial de Los Cedros, el bulevar de la calle 48 o la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, (PTAR).
Se advirtió por parte de estas entidades que no era prudente que la administración se embarcara en otras obras como el bulevar de la calle 19 o la tercera línea del Cable Aéreo, teniendo como antecedente el pobre avance de los proyectos que ya tiene empezados en diferentes lugares de la ciudad.
También se plantearon varias preguntas como quién asumirá los sobrecostos, el endeudamiento o las consecuencias de la inadecuada planificación; a la vez que se hizo énfasis en la falta de confianza por parte de los ciudadanos y las graves afectaciones a la economía o la calidad de vida por la congestión y el mal estado de la malla vial en algunos puntos.