Las alteraciones del orden público en las últimas semanas en algunas regiones del país y que han afectado a integrantes de la fuerza pública y de la población civil, ha generado serias preocupaciones entre los alcaldes municipales.
Uno de los casos de este tipo tiene que ver, por ejemplo, con la granada que fue lanzada el viernes, 7 de julio, después de las 8:00 p. m. en el municipio de Puerto Rico, Meta, al paso de una patrulla de la Policía.
El incidente deja como balance tres viviendas afectadas en el barrio El Jardín, cerca del polideportivo. Frente a esta situación, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, indicó en su cuenta de Twitter: “En el municipio de Puerto Rico, sobre las 8:10 p. m. al paso de una patrulla de la policía, les lanzaron una granada. Tenemos 3 viviendas afectadas, afortunadamente están bien nuestros policías y no hay civiles heridos. Cobardes y miserables que nos quieren regresar al pasado”.
Por situaciones como estas, desde la Federación Colombiana de Municipios, se conoció un pronunciamiento en el que los alcaldes y alcaldesas del país, manifiestan el rechazo por el brote de violencia que se está presentando en los territorios.
Los mandatarios además solicitan con urgencia “acciones por parte del gobierno nacional para que se brinden todas las garantías de seguridad a los ciudadanos”, indican en el documento.
Una de las más fuertes preocupaciones de los alcaldes tiene que ver con las elecciones regionales que se tendrán en el país el próximo 29 de octubre y con las garantías en materia de seguridad antes, durante y después de este evento democrático en el que serán elegidos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.
“Advertimos que el ejercicio democrático que se avecina para la elección de autoridades municipales y regionales del próximo mes de octubre, podría afectarse de persistir las acciones violentas”, aseveran.
De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las diferentes localidades del país son escenarios de tranquilidad y los mandatarios locales “vemos con preocupación la falta de compromiso de distintos grupos armados ilegales con el proyecto de Paz Total propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro incrementándose el crimen, generando zozobra y miedo en las poblaciones”, aseguran en la comunicación.
Este tipo de situaciones son confirmadas por la Defensoría del Pueblo desde donde han confirmado en el marco de un nuevo reporte de seguimiento a las treguas decretadas por el Gobierno con organizaciones al margen de la ley, que la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central realizaron 48 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) entre los meses de mayo y junio.
“Encontramos que entre el 19 de mayo y el 18 de junio de 2023, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central realizaron 48 acciones violentas. Es decir, hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y también se presentaron homicidios de firmantes de paz”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
“Encontramos también que estos grupos al margen de la ley mantienen el interés de expandirse y mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades”, agregó el funcionario.
De acuerdo con el defensor del pueblo, estas acciones violentas se registraron en los departamentos de Nariño, Antioquia, Putumayo, Cauca, Huila, Arauca, Casanare, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Caquetá, Córdoba y Boyacá.
Los alcaldes reunidos en la Federación, manifestaron la preocupación presente en los territorios y advirtieron sobre la necesidad de construir e implemente estrategias para superar la grave situación que se está presentando en materia de orden público.
“Exhortamos para que se lleven a cabo acciones para detener la avanzada delictiva por parte del gobierno nacional en conjunto con los mandatarios locales”, dicen.
Por último, los alcaldes del país ratificaron el respaldo a la Fuerza Pública como aliados de los alcaldes y las comunidades para garantizar la seguridad; “así como nuestro compromiso con la institucionalidad para superar los hechos que atentan contra el orden, la convivencia y la paz en los municipios del país”.