Los mineros informales del Bajo Cauca antioqueño sostienen un paro sobre la Troncal de Occidente para rechazar las operaciones que ha adelantado la Fuerza Pública contra esta actividad. En consecuencia, la movilidad entre la Costa Atlántica y Medellín está bloqueada desde el pasado 21 de septiembre. Gremios reportan pérdidas millonarias.

De acuerdo con el informe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los manifestantes están concentrados en diez puntos del corredor donde el material vegetal y las llantas obstruyen el paso de los carros que movilizaban en la región, todos ubicados sobre 53 kilómetros en la jurisdicción del departamento de Antioquia.

Desde hace tres días no se mueve un automotor por los municipios de Caucasia y Cáceres. En consecuencia, los conductores han tenido que doblar el tiempo sus recorridos para llegar hasta las poblaciones del Atlántico y el centro del país. Por ejemplo, las tarifas del servicio de transporte público ya dan cuenta de un incremento del 15 por ciento.

La mayor Karina Londoño, vocera de la Seccional, detalló que los automotores pueden tomar dos rutas alternas que sí condicionan los trayectos. La primera es el corredor que conduce desde la capital del departamento de Antioquia hasta los municipios de Cisneros y Puerto Berrío. Mientras que la segunda es la carretera de la subregión de Urabá.

“En atención a las manifestaciones públicas en el Bajo Cauca antioqueño, recuerde verificar con el numeral 767 el estado en el que se encuentran las vías antes de salir. La Policía Nacional y el Ejército están garantizando la movilidad y seguridad por estos ejes viales”, recomendó la vocera de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento.

Este escenario ha aumentado el valor de las operaciones logísticas. La Asociación de Transportadores de Carga dio cuenta que el alza es del 20 por ciento, mientras que la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia aseguró que es del 15 por ciento. Eso también está acompañado de la disminución de clientes por los altos costos.

Los argumentos

La Confederación Nacional de Mineros explicó que el estallido social está justificado en las últimas operaciones que han adelantado las unidades de la Fuerza Pública contra los campesinos que se dedican a esta actividad económica en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Las vías de hecho buscan llamar la atención del presidente Gustavo Petro.

Rubén Darío Gómez Cano, vocero de la agremiación, detalló que la maquinaria utilizada por los trabajadores ancestrales ha sido derribada por no contar con los requisitos establecidos por el Estado. También porque la irregularidad de los protagonistas estaría siendo asociada con las labores delincuenciales de los grupos armados que operan en el sector.

“El punto de partida es lo que se presentó la semana pasada y antepasada, cuando las fuerzas operativas destruyeron una serie de dragas, minidragas y pequeñas balsas de mineros ancestrales y tradicionales en el marco de la supuesta minería ilegal y el Clan del Golfo en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia”, dijo Gómez Cano.

Aunque en la campaña presidencial Gustavo Petro le prometió a la Confederación que les daría trámite a sus preocupaciones en dado caso de que ganara la elección, supuestamente, desde el siete de agosto el gremio no recibe respuesta a las peticiones que fueron socializadas cuando el entonces candidato llegó al departamento de Antioquia.

El primer compromiso sería una mesa de diálogo donde se sentarían los mineros con los ministerios de Ambiente, Defensa, Minas y Energía para tramitar las diferencias que tiene el sector con las operaciones. También a raíz de ese incumplimiento, algunos integrantes del Bajo Cauca tomaron la decisión de bloquear la conexión por la Troncal de Occidente.