El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó este jueves sobre la captura de Francisco José Vélez, un contratista de la administración municipal que se desempeñaba como abogado en la unidad de defensoría de derechos humanos. La detención se produjo en las instalaciones de la estación de Policía de Belén, cuando Vélez habría sido sorprendido entregando un paquete a un recluso allí detenido, según denunció el mandatario.

Según la información entregada por Gutiérrez, durante la intervención, las autoridades incautaron varios elementos ilícitos, entre ellos, 5 teléfonos celulares, 300 gramos de base de coca, 200 gramos de marihuana, 6 cargadores y 3 tarjetas SIM, presuntamente destinados para el tráfico de estupefacientes y el ingreso ilegal de objetos prohibidos al interior del centro de detención.

El alcalde Gutiérrez se pronunció con firmeza respecto al caso, subrayando que “el ejemplo empieza por casa” y que la lucha contra los delincuentes no tiene distinción. “Que le caiga todo el peso de la ley a este y a cualquier otro funcionario que crea que puede incurrir en actos de corrupción y delictivos”, expresó el mandatario local.

En su intervención, Gutiérrez también agradeció el trabajo de la Policía Nacional, destacando los controles que se están llevando a cabo dentro de las estaciones de policía para evitar el tráfico de objetos ilegales dentro de los centros de detención. “Gracias a la Policía por los controles que viene realizando dentro de las estaciones para prevenir el tráfico de elementos prohibidos y reducir los delitos que se cometen desde allí”, dijo el alcalde.

El mandatario resaltó, además, la reacción oportuna de las autoridades en este caso, que permitió que Vélez fuera detenido de inmediato y puesto a disposición de la justicia para que responda por los cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y el ingreso ilegal de objetos prohibidos.

Esta captura se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno local para combatir la corrupción y el crimen organizado dentro de las instituciones públicas y los centros de reclusión, asegurando que se continúe con una vigilancia estricta para prevenir delitos al interior de las estaciones de policía.