Un juez apagó uno de los incendios judiciales de Hidroituango en las últimas horas al declarar la inocencia de dos importantes exdirectivos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), luego de ser señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del delito de celebración indebida de contratos.
Fueron declarados de toda culpa Luis Guillermo Gómez Atehortúa, quien figuró como gerente de la Sociedad Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, exrepresentante legal de la filial de EPM Ituango. Los dos fueron acusados de entregarle a dedo a la compañía de servicios públicos el acuerdo para construir la hidroeléctrica en Ituango.
La contratación que los involucró en el Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín y por los que el ente de acusación formuló pliego de cargos es la adjudicación que recibió EPM para edificar la planta sobre las aguas del río Cauca en el norte del departamento de Antioquia.
De acuerdo con las proyecciones de 2011, esta iniciativa tenía un valor cercano a los 2.900 millones de dólares, dinero que fue financiado, en su mayoría, con recursos de la Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), entidad que hace parte del conglomerado de la misma administración.
La Fiscalía insistió ante el Juzgado que el ingeniero Luis Guillermo Gómez Atehortúa asignó el convenio directamente a la compañía de servicios públicos para que armara la planta, lo que presuntamente representaría una vulneración porque fue de manera directa, escenario que fue desmentido por el juez.
Es decir, el ente de acusación reprochaba que Empresas Públicas de Medellín hubiera acaparado la millonaria contratación cuando otras compañías estaban interesadas en presentar propuestas para construir la hidroeléctrica. Los posibles oferentes ya habían participado en un proceso de precalificación internacional.
Pero un juez de la República tumbó la acusación, luego de que la defensa de los procesados argumentara que EPM y la Sociedad Hidroituango cumplieron con cada una de las obligaciones que están estipuladas en la Constitución para adjudicar la obra, por lo que no se había violado el principio de la contratación pública.
Se dejó por sentado que la compañía sí estaba habilitada para contratar de manera directa la financiación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto que está próximo a encender las dos primeras turbinas de generación de energía.
“No existe elemento material probatorio que dé cuenta que en el desarrollo de la contratación del proyecto Central Hidroeléctrica Pescadero Ituango José Tejada Sáenz, los ingenieros Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Luis Javier Vélez Duque actuaron con el propósito de favorecer a los actores del contrato BOOMT”, se lee en la decisión.
Frente a esta situación, el Juzgado resolvió: “Absolver a los ingenieros de condiciones civiles y personales reseñadas en precedencia, por la conducta punible de contrato, sin cumplimiento de requisitos legales consagrados en el artículo 410 del Código Penal”, concluyó en el fallo el funcionario que evaluó las acusaciones sobre las contrataciones.
Una vez se conoció la decisión, la Fiscalía General de la Nación anticipó que lo apelará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. En las próximas semanas se conocerán los nuevos argumentos que entregará el ente de acusación para probar los supuestos incumplimientos que se habrían dado en el trascendente acuerdo.
Además de este proceso, también se avanzan en las investigaciones por presuntas irregularidades en Hidroituango contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; el exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y al exgerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada.