La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas frente a las acciones delincuenciales que podrían ejecutar los grupos delincuenciales en el marco de la segunda jornada electoral del año. Si bien el riesgo incluye a 290 localidades de Colombia, Antioquia concentra el 12 % del grupo.
El temor está fundamentado en el amplio despliegue que tienen los ilegales sobre el departamento. En el radar del Ministerio Público están el ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc que disputan las actividades criminales del narcotráfico, minería ilegal, microtráfico, gota a gota, extorsiones, entre otras.
A juicio de la Defensoría, en siete municipios de Antioquia hay riesgo extremo y 30 están marcados con riesgo alto. Sin embargo, el Gobierno nacional solo reconoció la inestabilidad en 17 territorios localizados en las subregiones de oriente, noreste, Urabá y Magdalena Medio.
Si bien las cifras ni los territorios concuerdan, ambas entidades acordaron que se debe ampliar la presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad antes, durante y después de la primera vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 29 de mayo.
Por un lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sugirió que el Estado está en la obligación de “implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos y sus campañas”.
Mientras que el ministro del Interior, Daniel Palacios, respondió que toda la institucionalidad está enfilada para proteger todos los rincones del departamento con el fin de mitigar cada uno de los riesgos que se han anticipado.
El Plan Democracia en Antioquia
La seguridad en Antioquia durante el último fin de semana estará dividida en dos objetivos: cuidado de la jornada electoral y ofensiva contra los grupos armados delincuenciales con más de 9.500 hombres del Ejército Nacional y 4.400 de la Policía.
Entre las preocupaciones que ha identificado el Gobierno nacional están los acontecimientos delictivos que podría arrojar el resultado de la contienda electoral, ante los antecedes de vandalismo y terrorismo que hay en el departamento.
En ese sentido, el ministro del Interior argumentó que “no puede haber ningún tipo de aceptación a expresiones de violencia. Aquí la institucionalidad está para garantizar el proceso democrático. Debemos rechazar toda la sociedad antioqueña cualquier expresión de violencia”, comentó el funcionario.
Para prevenir alteraciones al orden público y con el fin de evitar vulneraciones a los derechos humanos de los electores, el Ministerio recomendó trasladar dos mesas de votación en la zona rural de Ituango, territorio en disputa de los ilegales. Esos puestos también fueron removidos en las pasadas elecciones de marzo.
No obstante, el ministro Palacios reiteró que “el pasado 13 de marzo el departamento tuvo total tranquilidad. Como Gobierno nacional trabajaremos para que este 29 de mayo transcurra en ese mismo sentido”.
Finalmente, las autoridades departamentales informaron que la Fuerza Aérea Colombiana trasladará el material electoral a 27 veredas que han sido priorizadas por la Registraduría Nacional como de difícil acceso.
Reducir ley seca
Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado de Medellín, elevó hasta el Ministerio del Interior la preocupación que tienen los comerciantes de la ciudad frente a las reglas de juego que el Gobierno nacional impondrá durante la jornada electoral del último fin de semana de mayo.
A los establecimientos de entretenimiento les inquieta que la ley seca cubra tres días, dado que frenaría la recuperación económica y afectaría a más de 35.000 empleados del sector. En ese sentido, la administración distrital solicitó que la restricción a la venta de licor sea analizada con base en las implicaciones que tendría en el mercado.
“Solicité que la ley seca inicie el sábado 28 y no el viernes 27 de mayo. Así se incentiva la reactivación económica en fin de semana festivo”, sostuvo el mandatario encargado.
Frente a este caso, el ministro del Interior respondió que el próximo lunes 23 de mayo dará a conocer el decreto que regirá durante el plan democracia del 29 de mayo.