El Concejo de la capital de Antioquia le dio el visto bueno al alcalde Daniel Quintero Calle para salir del país durante ocho días. Desde el exterior, ordenó cerrarle las puertas del estadio Atanasio Girardot a Nacional hasta que no asuma la seguridad en sus juegos.
El mandatario está en una misión oficial de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). De acuerdo con el reporte de la administración, viajará a Guatemala, Panamá y México para ponerle la lupa al avance de los negocios de la compañía.
Desde el pasado 15 de abril hasta el próximo 22 de abril, las riendas de la ciudad están a cargo del secretario de Hacienda, Óscar Hurtado. Él ha tenido que lidiar con la furia de los hinchas de Nacional que dejaron 89 heridos y pérdidas millonarias en el estadio.
Él es contador de la Universidad de Medellín y especialista en gestión pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta con 23 años de experiencia, 14 de ellos en entidades públicas, resaltó la administración distrital por medio de un comunicado.
“Se desempeñó como contador general del Fondo Ganadero de Antioquia, fue representante a la Cámara por Antioquia durante dos períodos y fue alcalde del municipio de Tarso”, por este recorrido le fue encargada la Alcaldía de Medellín esta semana.
Este funcionario relató que la visita de Daniel Quintero Calle a Centroamérica es fundamental para hacer un seguimiento “en vivo y en directo” del estado de las filiales que cuentan con inversiones importantes, tanto en el mercado de energía como de agua.
Por ejemplo, en Panamá tiene a la Hidroecológica del Teriba S. A. y Ensa que beneficia a 1.8 millones de personas; en El Salvador tiene a la Distribuidora de Electricidad Delsu; mientras que en México posee a EMP Capital México S. A. de C. V. constituida en 2012.
Sin embargo, el mandatario no ha dejado de estar atento a la realidad de Medellín. Por medio de su cuenta de Twitter ha dado cuenta de la emergencia que se presentó este domingo en el estadio Atanasio Girardot con los hinchas del Atlético Nacional.
Dijo que la administración no va a tolerar la violencia y lanzó fuerte advertencia a los directivos del club verdolaga: “No prestaremos el estadio hasta que se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas”, trinó el alcalde.
Otra de las condiciones es que la vigilancia de los encuentros deportivos sea asumida por el equipo. Es decir, que de su propio bolsillo salga la plata para contener la alteración del orden público. Cuando se cumplan estos requisitos, podrán volver al Atanasio Girardot.
Alegó que en cada partido se ve en la obligación de suministrar 800 uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo la necesidad de mantenerlos en las calles. Sus declaraciones cayeron como un baldado de agua fría en la opinión pública.
A esto se suma las culpas que distribuyó públicamente el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez. Él afirmó que los líderes del equipo de fútbol tendrían que asumir los estragos que causó la asonada en los policías y fanáticos que resultaron heridos.
El comentario lo hizo en una transmisión de Win Sports y desató la molestia en las redes sociales. El funcionario dijo: “queremos que quede claro y se establezca la responsabilidad de los directivos de Nacional en las lesiones de policías [y] jóvenes”.
Luego presentó las razones por las que los protagonistas arremetieron violentamente contra las autoridades: “Por la renuencia a escuchar a la hinchada y a las fuerzas vivas del equipo, estas responsabilidades deben ser establecidas esta semana”, agregó Ramírez.