El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, denunció que dos menores de edad se encuentran en delicado estado de salud por un cuadro de desnutrición crónica. En conversación con SEMANA, advirtió que corren el riesgo de perder la vida.
Ambos son integrantes de la comunidad indígena que asaltó las instalaciones de la administración el pasado miércoles. Después de un tire y afloje con las familias, les dieron el visto bueno a las autoridades para que los internaran en centros hospitalarios.
El hallazgo se dio en la instalación del albergue transitorio que costea la Alcaldía para la población, que se manifestó de manera violenta contra los operativos para erradicar la mendicidad en la ciudad, donde los menores de edad estarían siendo instrumentalizados.
De acuerdo con el censo de la propia comunidad que llegó desplazada por el conflicto del departamento de Chocó, son 781 habitantes los que están haciendo los reclamos. En esa lista se incluye a 350 niños, también mujeres en estado de gestación y lactancia.
En la brigada de salud se identificaron varios factores de riesgo en el proceso de alimentación, sobre todo en la población más vulnerable. Sin embargo, la situación más crítica se presentó con estos dos menores de edad con antecedentes de desnutrición.
Quintero Calle reveló que los indígenas se salieron de casillas cuando se les planteó la posibilidad de una atención hospitalaria para los dos pacientes. En medio de la discusión con las entidades del Ministerio Público, tomaron la decisión de respaldar la propuesta.
“La comunidad, cuando tratamos de llevar a los niños a hospitalización inmediata, se rebotó y no nos dejó llevarlos, y ellos estaban en riesgo de muerte inminente. Ya en las horas de la noche, la Secretaría de Salud convenció a las madres de que nos dejaran”, dijo.
Uno de ellos fue diagnosticado con neumonía y tiene un riesgo mayor, según lo comentó la administración municipal. Mientras se avanza en la concertación, está activa la comisión social para frenar la presunta vulneración de derechos que estarían enfrentando los niños.
Aunque los indígenas siguen con la molestia por frenar las actividades de mendicidad y trabajo con los menores de edad. En dado caso de que colapse la conversación, están dispuestos a volver a tomarse las instalaciones del centro administrativo de Medellín.
“Esperamos que esto termine como debe terminar: con los niños estudiando o volviendo a sus territorios. Hemos dispuesto toda la logística para que vuelvan a sus territorios o, si se quieren quedar, la condición es que no pueden pedir plata”, dijo el alcalde Quintero.
Él enfatizó en que no se permitirá que los menores sean instrumentalizados ni utilizados para la mendicidad. Ese es el tema que es motivo de debate entre la comunidad de Chocó y entidades como el ICBF, Personería, Procuraduría General y la Unidad de Víctimas.
Por otro lado, el centro administrativo de La Alpujarra de Medellín amaneció cercado con vallas metálicas de dos metros, tras la asonada que protagonizó la comunidad indígena de Chocó el pasado miércoles. La medida busca reducir los riesgos en los edificios.
Se reconoció que hubo una falla en la comunicación durante la atención de la emergencia por parte de las autoridades. No solo en esta protesta, también la semana pasada, cuando un grupo de ciudadanos asaltó la plazoleta para reprochar la gestión del presidente Gustavo Petro y la de Daniel Quintero.
El protocolo se ajustó porque no se descartan nuevas manifestaciones con similares características. En palabras de Quintero, lo importante es ofrecerles tranquilidad a los funcionarios públicos que laboran en el centro administrativo de La Alpujarra. Con los cambios, tendrían mayores garantías de seguridad para ejercer sus funciones.