El alcalde de la capital de Antioquia y presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Daniel Quintero Calle, le solicitó al Gobierno nacional el aval para congelar las tarifas de energía de la compañía de servicios públicos que comanda.
La petición fue oficializada en un documento remitido al presidente Gustavo Petro en las últimas horas. En tres párrafos presentó los argumentos de la iniciativa que beneficiaría a los habitantes de doce departamentos del país donde opera la entidad pública.
Empezó diciendo que los gobernantes no pueden dormir tranquilos desde hace tiempo por el encarecimiento que ha tenido la vida de los habitantes. Los productos de la canasta básica familiar están disparados y acceder a los servicios es cada vez es más duro.
“Mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionables. Llegar al fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres”, anunció el mandatario en la comunicación enviada a Petro.
Más abajó, le planteó que un fragmento de la inquietud de los colombianos podría ser resuelta con base en el decreto presidencial expedido el pasado 16 de febrero, en el que la Presidencia asumió las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Esta primera decisión le causó “optimismo”, en su condición de presidente de la junta directiva de una de las compañías más importante de la nación: Empresas Públicas de Medellín (EPM), donde se podría empezar a flexibilizar el cobro de las tarifas de energía.
Así las cosas, como una primera decisión, el mandatario distrital le sugirió la posibilidad de frenar el alza de este servicio, no solo en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, sino en cada uno de los territorios donde hace presencia EPM.
“En atención a este hecho, me permito solicitarle respetuosamente, se me autorice para congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, concluyó Quintero Calle.
Las finanzas se ajustarían con Hidroituango. Sin embargo, se conoció otro tropiezo en el proyecto de generación de energía: Empresas Públicas de Medellín (EPM) rajó la propuesta del único consorcio que tiene la intensión de construir el cincuenta por ciento de lo que resta de la obra.
Se trata de la firma Ituango PC–SC, conformada por las empresas Powerchina International Group Limited y Schrader Camargo S. A. S., que pretenden poner en funcionamiento las turbinas cinco, seis, siete y ocho en el norte de Antioquia.
La novela empezó en marzo de 2022, cuando se hizo oficial el proceso de solicitud pública de ofertas. En ese período, diez compañías adquirieron los derechos para competir. Hasta el cierre de la convocatoria, se emitieron nueve adendas, varias de ellas con modificaciones en los requisitos.
Al final, nueve entidades privadas se bajaron del bus y al escritorio de EPM solo llegó un documento. Desde el 7 de diciembre se puso la lupa sobre el negocio que formuló el consorcio chino y el pasado 17 de febrero se reveló un primer análisis que lo dejó mal parado.
La conclusión hizo estruendo en el departamento: la firma no cumple con la experiencia para tomar el control de la hidroeléctrica que promete suministrarle al país el 17 % de su demanda de energía. Empresas Públicas le hizo frente a la polémica.
Se aclaró que el proceso no se ha declarado desierto porque EPM continúa con el trámite interno de la evaluación de la propuesta. Además, el oferente volvió a remitir la propuesta esta semana, dando respuesta al primer informe que se emitió de la misma.
A pesar de este escenario, hay un comodín. Al contrario de las primeras cuatro turbinas de generación de energía, las cuatro restantes no tienen compromiso regulatorio. Es decir, no hay una fecha exacta en la que tengan la obligación de entrar en operación comercial.
De momento, dos generadoras están encendidas. Mientras que otras dos se encuentran en construcción y marchando al pie de un cronograma estricto a razón de que el día límite de su inauguración es el 30 de noviembre de 2023, si no tendría que enfrentar multas.