Las autoridades están investigando la veracidad de un documento de las disidencias de las Farc, donde declaran objetivo militar al alcalde de Ituango, Antioquia, Mauricio Mira.
Al parecer, el panfleto habría sido emitido por los guerrilleros de los frentes 18 y 36 que delinquen ampliamente en ese sector del departamento.
Ellos acusaron al mandatario local, supuestamente, de permitir que el Clan del Golfo asesine a líderes sociales y campesinos. De igual manera, le reprocharon públicamente por oponerse a la “jerarquía” de la organización criminal.
Mira sospecha que las intimidaciones son producto de las denuncias que ha hecho ante la opinión pública por la inseguridad que aterroriza a Ituango. Allí hay alerta por homicidios, secuestros, extorsiones, reclutamiento y amenazas.
Ante este comunicado, que se difunde ampliamente en las redes sociales y donde figuran los nombres de otros ciudadanos, las autoridades realizarán un consejo de seguridad para tomar las medidas de protección.
Según la Defensoría del Pueblo, el 60 % de los alcaldes de Antioquia han recibido intimidaciones de los grupos armados. Principalmente, los que despachan desde las subregiones del norte, nordeste, Bajo Cauca, suroeste y occidente.
La mayoría no puede cumplir agenda en las zonas rurales, tal como lo hará Mauricio Mira. En conversación con medios locales, informó que no saldrá del municipio de Ituango, pero mantendrá sus recorridos en el casco urbano.
Así gobiernan los alcaldes desplazados de sus propios municipios por disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo
La situación de inseguridad en algunas regiones de Colombia traspasa todas las barreras posibles. Los asesinatos y desplazamientos tocan a toda la población, incluidos los alcaldes y alcaldesas que hoy despachan desde otros lugares, porque grupos armados les tienen prohibida la entrada a sus propios municipios.
SEMANA recogió testimonios de varios mandatarios en diferentes regiones y la radiografía de lo que ocurre en la Colombia profunda hace mucho pasó de una simple alerta naranja a roja. Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo deciden el destino de poblaciones completas; ellos son la autoridad absoluta.
En Chocó, el panorama es desalentador: tres alcaldes están desplazados de sus municipios. Los mandatarios de Bagadó, San José del Palmar y Sipí tuvieron que abandonar sus casas y familiar. De otro lado, los alcaldes de Nuquí, Lloró, Unión Panamericana, Bojayá, Medio Atrato y Río Iró están amenazados.
“Llevo dos meses sin ingresar al territorio. La situación es bastante compleja. Hemos sentido el abandono de las instituciones que se encargan de esta labor. A pesar de mucho pie de fuerza que nos coloquen, nuestra seguridad corre riesgo”, dice el alcalde de Bagadó, Walter Serna Palomeque.
Y agrega: “quien lo elige a usted, lo elige con el propósito de sentir el calor, la presencia. Al no sentirla, se siente un poco de desamparo. No obstante, la administración ha seguido funcionando de la manera convencional”.
En Caquetá cuatro alcaldes han hecho públicas las amenazas que reciben de los grupos armados. El mandatario de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, despacha desde la ciudad de Florencia porque no tiene garantías de seguridad para volver al municipio.
Molina reveló que los criminales les cobran cada año entre $100 millones, $80 millones y $30 millones para dejarlos gobernar. Varios políticos de este departamento pagan la extorsión para que ellos y sus familias no sean víctimas de agresiones.
“Gobernar a control remoto es complejo. Ayer (el martes) tuvimos la inauguración de un parque recreo deportivo y fue mediante una llamada. A pesar de no estar en el territorio, seguimos entregando obras (...) La gente a uno lo elige para estar en el municipio, para tener el contacto con las personas, para uno escucharlos, para encontrarles soluciones. A mí me llaman y me dicen que hago falta. La cara del santo es la que hace el milagro. Si uno no está, es complejo”, señala Molina.