La Alcaldía de Daniel Quintero suma un proceso más: la Personería abrió una indagación previa para establecer presuntas irregularidades en la elaboración del presupuesto ejecutado en la Secretaría de Inclusión Social.
La lupa se pondrá sobre los movimientos que se realizaron en los últimos cinco meses del año 2021 en los programas sociales de Guardería Habitante de Calle, Guardería Adulto Mayor y Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La investigación tiene su origen en una grabación de una reunión del 6 de agosto de 2021, donde se comenta que el presupuesto del distrito habría quedado mal elaborado y algunas dependencias no tendrían los recursos suficientes para terminar la vigencia.
La vocera del encuentro fue Isabel Cristina Cadavid, quien para la época fungía como asesora de despacho de Juan Pablo Ramírez, líder de la entidad y hoy investigado por los órganos de control por presuntas irregularidades en su gestión.
En la mesa estaban los directores y subsecretarios, cuya misión sería ajustar la cartera para no resultar afectados. Cadavid les encargó un “tetris financiero” para incrementar la contratación directa y evitar fuga de información a la prensa.
A ella se le escuchó decir: “A hoy, no hay flujo de caja en la Alcaldía. Lo que nos pasen, es porque están quitándoselo a otras secretarías”. En efecto, ellos tendrían que apretar los números y definir cuáles programas dejarían de atender.
La explicación del momento es que para el 2021 el presupuesto se había diseñado de manera errónea.
Así las cosas, la Personería, a través del proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria, inició una indagación previa de oficio, en contra de funcionarios por determinar de la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Hacienda.
La sospecha que “estos contratos se habrían realizado, presuntamente, de manera irregular a la establecida en la ley. Los programas que habrían sufrido este recorte serían programas tipo Guardería Habitante de Calle, tipo Guardería Adulto Mayor y el Programa de Alimentación Escolar – PAE, entre otros”.
El Ministerio Público anticipó que esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de una investigación disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso.
Ahora bien, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre la filtración del audio: “No solamente saquearon y se robaron a Medellín. El impacto negativo en los programas sociales es muy fuerte. Recibimos la ciudad con un retroceso de 10 años”.
Su auditoría forense indicaría que todas las entidades estarían minadas de presuntas irregularidades: “Lo único que les importó fue tener poder para saquear a Medellín. No hay entidad que se salve. Llevamos 4 meses y medio poniendo la casa en orden”.