SEMANA conoció que la Personería Distrital de Medellín puso la lupa en tres millonarios contratos de la administración de Daniel Quintero por presuntas inconsistencias. Las investigaciones vinculan varias dependencias del conglomerado público y a exfuncionarios de diferentes rangos.
El primer proceso se abrió en Empresas Varias de Medellín (Emvarias), la entidad de EPM que recoge los desechos. Al parecer, allí se habrían presentado irregularidades en el estudio del proyecto piloto de cargue lateral, el plan que pretendía adquirir carros con brazos mecánicos para vaciar los contenedores de basura.
“El valor del proyecto asciende a los 200 mil millones de pesos con plazo de ejecución de 84 meses. Sin embargo, según el material recaudado, el estudio de mercado fue presuntamente deficiente y existe la falta de rigor técnico y procedimental para la viabilidad del proyecto”, se lee en un comunicado.
En consecuencia, se abrió una investigación disciplinaria en contra del exgerente de Emvarias, Carlos Fernando Borja, y seis empleados más que habrían estado involucrados en la situación. Una vez se tengan las primeras conclusiones, un delegado del Ministerio Público formulará pliego de cargos o archivará las diligencias.
El segundo expediente está dirigido hacia Juan Pablo Ramírez, el exsecretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Daniel Quintero y quien goza de un puesto en el Ministerio de Hacienda. Él deberá enfrentar una investigación disciplinaria por supuestas falencias en un contrato de 12 mil millones de pesos pactado en 2021.
El objetivo del proyecto era que Plaza Mayor asumiera la operación logística de la dependencia. Es decir, seleccionar a los operadores de los servicios que demandara. No obstante, como lo ha informado SEMANA, por medio de ese tratado se habrían presentado posibles hechos de corrupción, favorecimientos y exigencias de coimas.
Este exfuncionario se ha defendido a capa y espada por medio de sus redes sociales: “Estoy totalmente dispuesto a enfrentar estas investigaciones ya que no existe mérito para acusarme de ningún tipo de actuación irregular”. Además de la Personería, el caso también es rastreado por la Procuraduría y la Fiscalía.
El último episodio tiene lugar en tres dependencias: Secretaría de la No violencia, Plaza Mayor y Área Metropolitana del Valle de Aburrá por un contrato de mil millones de pesos que se habría firmado en 2021 para apoyar la construcción de paz territorial, derechos humanos y convivencia de la capital de Antioquia.
El Ministerio Público ordenó una indagación previa al convenio por supuestas inconsistencias: “Esta indagación se desarrollará con respeto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los sujetos disciplinables, se procederá con investigación disciplinaria”.
Estos posibles hechos irregulares también fueron identificados por la auditoría forense que el alcalde Federico Gutiérrez practicó sobre la herencia que recibió de Daniel Quintero y Óscar Hurtado. Según el mandatario, ninguna dependencia distrital se salvaría de inconsistencias en sus millonarias contrataciones.
El caso más sonado se reveló el pasado lunes: un testigo le aseguró a la Fiscalía General de la Nación y a Gutiérrez que, supuestamente, la gerencia de Afinia se habría vendido por ocho millones de dólares. El presunto pacto se habría hecho entre el exalcalde Quintero y un reconocido excongresista del Valle de Aburrá.