El Consejo de Estado le ordenó a la Alcaldía de Medellín y al Instituto Técnico Metropolitano (ITM) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad por el trágico homicidio de la psicóloga Marjorie Kisner Mira. El crimen que conmocionó a Colombia ocurrió el 2 de diciembre de 2008.
La funcionaria trabajaba en un programa de atención a pospenados y un cambio en el plan laboral la obligó a realizar visitas domiciliarias. En una de las sesiones, ella fue asesinada y descuartizada por Robert Alexander López, quien había estado privado de la libertad en la cárcel Bellavista por delitos sexuales y porte ilegal de armas.
El abogado Javier Villegas Posada acompañó a la familia de la víctima para que encontrara justicia. Tras 16 años, se logró una indemnización por perjuicios morales y daño a la salud, más un acto público de disculpas y la exaltación de la memoria de ella por parte de la administración municipal y de la institución académica.
“El Consejo de Estado [ordenó] que se enaltezca su dignidad humana como integrante de la sociedad y su dedicación y consagración a labores sociales relacionadas con la atención a la población carcelaria y pospenada”, afirmó el defensor de los allegados de Marjorie Kisner Mira.
La sentencia del alto tribunal también obliga a ambas entidades a comprometerse a brindar garantías de seguridad para que estos hechos no se repitan. Precisamente, el próximo jueves 25 de julio, el distrito presentará un protocolo de cuidado para todos sus funcionarios con motivo del acto de perdón por lo sucedido en 2008.
Otro de los elementos importantes es que los magistrados les exigieron a las autoridades implicadas en el caso a disponer de todos los recursos necesarios para desarrollar un proceso de investigación en psicología, con el nombre de la víctima, relacionado con la atención a la población carcelaria y pospenada.
“Con el acto se pretende resarcir los perjuicios generados a Marjorie Kisner y su familia, por las graves afectaciones a la honra y la dignidad humana de que fueron víctimas por la conducta indolente y revictimizante de las entidades que debían garantizar la seguridad y la vida de la psicóloga”, agregó Villegas Posada.
En su momento, se le alcanzó a señalar a la profesional como responsable de su muerte por las supuestas conductas inapropiadas que asumió en la labor como psicóloga del victimario. Él fue procesado por el delito de homicidio agravado y condenado a 40 años de prisión, pero hizo una negociación y está pagando 24.