El alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero Calle, aseguró que la administración está gestionando ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la financiación de las operaciones para demoler controladamente el edificio Continental Tower, un conjunto residencial ubicado en el exclusivo sector de El Poblado.

Los problemas empezaron en 2013 cuando los organismos de socorro ordenaron la evacuación inmediata del conjunto de apartamentos luego de notar fallas en la construcción. Escenario que podría poner en riesgo la integridad física de las familias que lo habitaban dado que las condiciones generarían un riesgo inminente de colapso.

La firma que edificó la obra es CDO, un viejo conocido en los pasillos judiciales de Medellín porque fue la misma que alzó al edificio Space ―vecino del Continental Towers― que se empezó a caer el 12 de octubre de 2013 con la torre seis y, posteriormente, se detonaron el resto de las casas. Esa emergencia dejó doce personas muertas.

Para mitigar el riesgo en el predio privado hay dos opciones: demolerlo o reforzarlo. La primera medida tiene un costo que supera los cinco mil millones de pesos mientras que la segunda multiplica ese valor. La medida más próxima es la demolición, pero no habría a quién cobrarle ese dinero, así lo reconoció el mandatario del distrito.

“Nosotros estamos hablando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo haber si conseguimos los recursos para demoler el edificio. En este momento, eso es un edificio en riesgo de colapso. Los privados están en la obligación de evitar que ocurra un riesgo al respecto, obviamente esto es un drama para los ciudadanos que fueron estafados”, dijo.

Ahora bien, esa iniciativa está amarrada por la Constitución. En dado caso de que esa técnica se realice con el dinero público, una parte del terreno tendría que pasar a las manos de la Alcaldía o la constructora estaría en la obligación de retornar la inversión de la demolición a la caja del distrito, de acuerdo con la normativa vigente.

Daniel Quintero Calle reconoció esa dificultad que golpearía los intereses de los propietarios. En consecuencia, anticipó que en el Congreso de la República se debe crear una ley donde se proteja a los ciudadanos que “han sido estafados”, de modo que una administración pueda poner recursos en obras sin tenerle que cobrar a los afectados.

Mientras se resuelve este problema, los dueños de los apartamentos no encuentran soluciones visibles para recuperar la inversión, sino que deben sumar más dinero para blindar lo que queda del edificio: están cancelando valorización, créditos hipotecarios y ―recientemente― modelos de vigilancia a razón de que están desbalijando las propiedades.

Este último requisito fue ordenado por la inspectora 14ª de la Policía Nacional de El Poblado, Luz Estella Giraldo, en un documento que fue remitido a las 70 familias afectadas de Continental Towers. En el texto les indicó que deben activar un plan de monitoreo de seguridad luego de identificar la presencia de dueños de lo ajeno en el predio privado.

Este hecho hizo estruendo en Medellín porque la fuerza pública esquivó las labores. A raíz de la polémica, el secretario de Desarrollo y Control Territorial del Distrito, Carlos Mario Montoya, anunció que con el fallo de la Inspección no se está desligando de la ley, al contrario, se actuó conforme a las obligaciones fijadas en la Constitución.

Sin embargo, reconoce la pesadilla que están viviendo los afectados. Para tramitar las preocupaciones, en la Alcaldía pretenden armar una mesa de diálogo con los propietarios y vecinos de la zona que se están quejando por la alteración del orden público en las inmediaciones de la obra desalojada con el fin de hallar soluciones.