La Defensoría del Pueblo en Antioquia lanzó una alerta por el calvario que están padeciendo los docentes que atestiguan el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos delincuenciales.
Al menos 32 educadores han recibido amenazas por reprochar las acciones que protagonizan supuestos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -Clan del Golfo- y las disidencias de las Farc, entre otros actores ilegales.
Se conoció que las intimidaciones llegan cuando el profesor no da el visto bueno para que los niños y adolescentes abandonen las aulas de clases.
Además, es víctima de mensajes violentos en el momento en que se opone a que los delincuentes se tomen los pasillos de la institución rural para que las tropas puedan “descansar”.
El Ministerio Público también tiene información que sostiene que algunos funcionarios estarían siendo obligados a modificar las temáticas de formación con el propósito de adoctrinarlos y motivarlos a ingresar a las filas.
Por ejemplo, se les habría comunicado que solo tienen permiso para enseñar a leer y a escribir. De igual manera, los ilegales estarían escogiendo cuáles menores de edad pueden acudir al colegio, teniendo como base sus objetivos criminales.
La Gobernación de Antioquia indicó que las denuncias las han tramitado en la medida de sus posibilidades, brindando acompañamiento a los docentes que se atreven a levantar la mano para advertir sobre las vulneraciones de las que son víctimas.
Desde la capital del departamento se le advirtió al Gobierno nacional sobre el alcance que están teniendo los actores que operan al margen de la ley, la mayoría se encuentran negociando su transición a la legalidad por medio del proyecto de la ‘paz total’.
Las condiciones más críticas se viven en los municipios de las subregiones del norte, nordeste y Bajo Cauca donde delinquen los hombres que comandó alias Otoniel, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las modalidades del reclutamiento
La Defensoría del Pueblo presentó la radiografía del reclutamiento forzado que promueven los grupos ilegales en el departamento de Antioquia. Este fenómeno tiene un aumento cercano al veinte por ciento en algunos rincones. La situación es crítica.
Al parecer, contactan a las víctimas por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas. En medio del intercambio de palabras, exponen los beneficios económicos y los regalos que podrían recibir en dado caso de que cumplan con las tareas que les encomiendan.
También se identificaron prácticas de enamoramiento, suministro de cigarrillos y motocicletas a cambio de favores. Además, estarían poniendo a disposición de los niños y jóvenes un salario que va desde un millón de pesos hasta los tres millones de pesos.
La Defensoría del Pueblo aseguró que las personas que viven este flagelo están observando a las organizaciones delincuenciales como la autoridad en los territorios, principalmente los jóvenes, que no se atreven a denunciar por la desconfianza.
Diariamente, las comunidades de Ituango ven a los ilegales adoctrinar a los menores. Las inmediaciones de las instituciones educativas son los escenarios frecuentados por los armados. Los docentes de 115 sedes rurales y 5 colegios atestiguan la situación.
“El grupo se gana la confianza y, a través de los colegios, pasa y les dan regalos, los alecciona, les meten ideas políticas opositoras al Estado. El niño a los catorce años no tiene el poder para tomar decisiones”, dijo la defensora del pueblo en Antioquia, Yucelly Rincón.
En este mismo pueblo, el Ministerio Público identificó que les piden informar si una persona extraña visita la zona donde concentran sus operaciones o les solicitan transportar estupefacientes de un lado al otro, entre otras peticiones de alto riesgo para ellos.