Las autoridades judiciales están investigando las amenazas que habrían recibido los candidatos que aspiran a las alcaldías de ocho municipios del departamento de Antioquia. Hay alerta por las condiciones de seguridad en el proceso electoral y preocupación por la posible injerencia de las estructuras armadas en la contienda.
Al parecer, las intimidaciones llegaron por medio de mensajes de texto y panfletos a los políticos de Andes, Anorí, Bello, Cisneros, Hispania, Necoclí, Puerto Berrío y Urrao. Aunque los riesgos se han identificado en 187 personas que buscan un cupo en las diferentes corporaciones de elección popular en la región.
En estos pueblos hay injerencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de carácter local que, supuestamente, tendrían el propósito de sacar provecho económico de las candidaturas: las amenazas serían extorsivas.
Las amenazas
Jaime Cañas se postuló a la Alcaldía de Puerto Berrío y desde el 9 de agosto ha recibido varias intimidaciones. En el primer episodio, un sujeto lo abordó en la calle y le pidió que contestara una videollamada; al otro lado del teléfono apareció un hombre uniformado y le indicó que no podía hacer campaña en varios sectores.
Una vez instauró la denuncia, le habrían indicado que el emisor de las amenazas sería el comandante de una estructura criminal que opera en los municipios de Yondó, Puerto Berrío y Remedios. Tras no responder sus mensajes, le anticiparon que sería asesinado y le exigieron cien millones de pesos para continuar en el proceso electoral.
“Lo señalan como objetivo militar si continúa su campaña en la zona rural de Puerto Berrío. Hecho que ha generado que se limite el desplazamiento a algunos corregimientos y veredas de nuestro amado territorio, en pro de conservar la vida. Instamos a las autoridades a investigar”, se lee en un comunicado de prensa.
Las medidas de protección
El comandante de la Policía Nacional en Antioquia, coronel Carlos Martínez, señaló que los uniformados están brindando las condiciones de seguridad para que la campaña transcurra con normalidad, mientras tratan de esclarecer qué hay detrás de las violentas advertencias que estarían afectando a algunos ciudadanos.
“Se están adelantando las investigaciones por las amenazas. Tenemos toda la disposición y las garantías para trabajar en función de la seguridad de estas personas y también de las personas que acompañan los eventos públicos durante la actividad prelectoral, en coordinación con el Ejército Nacional”, dijo el oficial.
Al menos 4.500 uniformados están concentrados en esa misión y, en los próximos días, junto a otras instituciones del Estado, revelarán la última versión del mapa de riesgos electorales en Antioquia para reforzar las medidas de prevención y protección. Hay alerta en el Bajo Cauca, norte, nordeste y Magdalena Medio.
Las preocupaciones
La Registraduría reveló el listado de los quince municipios de Antioquia que tienen riesgo electoral por cuenta de la presencia de ilegales: Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Remedios, Segovia, Yarumal, Anorí, Valdivia, Turbo, Medellín e Ituango. Aunque la mayor preocupación está en el Bajo Cauca.
Si bien se advirtió que estos territorios tienen amenazas, ya no serían intimidaciones, sino una realidad. Así lo denunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, tras las advertencias que estarían recibiendo las personas que aspiran a los cargos públicos y sus potenciales votantes.
“Manifestamos la necesaria protección, dadas las amenazas que grupos al margen de la ley han hecho públicas frente a candidatos y electores. Eso debe ser una gran prioridad del Estado en su conjunto”, manifestó el mandatario. Paralelamente, pidió estudiar los casos de trashumancia electoral en varios puntos de la región.