Hay preocupación en Medellín por el aumento del turismo ancestral sin las medidas en pro de proteger la vida, específicamente en el corregimiento de Santa Elena. Allí las autoridades identificaron que no se conocen disposiciones normativas que regulen estas prácticas.

De acuerdo con la Personería de Medellín, a raíz de estos hallazgos y las visitas de campo hacen necesario realizar unas recomendaciones frente a la práctica del turismo ancestral y prevenir posibles vulneraciones de derechos humanos. Es decir, hay personas de otros países y de otras ciudades de Colombia que ven como un destino turístico la ciudad para realizar prácticas como el yagé o el ayahuasca.

Desde la Personería llegaron hasta estos sitios, debido a que la comunidad del sector les preocupaba que andarán ambulando en días de la semana y ya se había presentado una muerte por el exceso de sustancias.

“Lo que nosotros hicimos fue ir al territorio, conversar con la comunidad y con quienes prestan este servicio. Identificamos que están muy bien organizadas, pero no hay disposiciones normativas que regulen la situación, porque sencillamente no es una práctica que se concibe turística en la ciudad”, sostuvo Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo Personería de Medellín.

Debido a que esta situación pone en peligro la vida de las personas, la personería les solicitó a las entidades correspondientes disponer de acciones de articulación para generar espacios de regulación en torno a la certificación de organizaciones, especialmente a la organización Concejo Familias Ancestrales con cabildos y autoridades tradicionales o mayores para que avalen las prestaciones de sus servicios y presten el servicio garantizando los derechos de los turistas.

Además que desde la Subsecretaría de Turismo se designe un enlace permanente y capaciten a las comunidades para que cuenten con los mecanismos que les permitan certificarse como prestadores de servicios turísticos en la línea de turismo de salud y bienestar.

Toque de queda para proteger a niños de la prostitución en Medellín no estaría siendo efectivo

La Personería de Medellín le jaló las orejas a la Alcaldía por las medidas que está tomando para frenar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

La crítica se concentró en el toque de queda nocturno que impuso la administración a esta población ante el aumento de las denuncias sobre la instrumentalización de menores en la prostitución.

Por medio de un acuerdo, el alcalde Daniel Quintero Calle delimitó que en las zonas rosas de la ciudad los infantes no podían estar circulando entre las siete de la noche y las cinco de la mañana, medida que va hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, no se estaría cumpliendo. El Observatorio de Turismo de esta agencia del Ministerio Público recorrió el sector de El Poblado en siete oportunidades y encontró a niños caminando en horas de la noche.

Esa lectura también se sostiene con las estadísticas operativas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la capital de Antioquia, al resumir que se han realizado 2.982 registros personales en este lado de la ciudad.

En medio de las inspecciones, se impusieron 140 comparendos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cuanto los menores de edad, se ordenó el restablecimiento de derechos para ocho.

Con base en estos resultados, la Personería de Medellín volvió a criticar la gestión de las autoridades para contrarrestar las vulneraciones a las que se enfrentan los niños en los sectores donde más se mueven personas.

“Llama la atención que solo se hayan hecho restablecimiento de derechos a ocho menores de edad, cuando en los recorridos que se han realizado de esta agencia, se han evidenciado un registro masivo de menores de edad”, indicó la entidad.

Frente a este panorama, se asumió que hay un subregistro. Al parecer, por cada niño al que se le restablecen sus derechos, es posible que, por lo menos, otros tres permanecen con sus derechos vulnerados.