Empresas Públicas de Medellín (EPM) denunció que un grupo de manifestantes está bloqueando las vías de acceso al proyecto de generación de energía de Hidroituango en la mañana de este 24 de noviembre, lo que impide la movilización del personal que tiene a cargo la seguridad y control de la obra.

La protesta está siendo protagonizada por comerciantes y campesinos de los municipios de Toledo e Ituango, quienes se muestran inconformes ante el trato que les ha dado la compañía que desarrolla la iniciativa, cuyo propósito es entregar el 17 % de la demanda nacional de energía en los próximos años.

“Este bloqueo pone en riesgo la infraestructura y puede incrementar los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, pues actualmente se adelantan pruebas de equipos y el proceso de puesta en operación, actividades que no pueden ser suspendidas y que requieren atención permanente”, indicó la compañía.

La preocupación de los administradores de la obra es que las personas que están cerrando el paso a la hidroeléctrica anticiparon que solo dejarán salir a los operarios que están laborando. Sin embargo, los que lleguen a reemplazarlos a la hora del relevo, no lo podrán hacer hasta que se llegue a un acuerdo.

Ellos quieren que las peticiones que están tramitando desde hace varios meses sean escuchadas directamente por el gobernador de Antioquia y representante de las acciones mayoritarias de Hidroituango, Aníbal Gaviria Correa; el alcalde Daniel Quintero, y el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo.

Entre tanto, solicitan medidas de seguridad eficientes ante la incertidumbre que hay en el proyecto por el encendido de las dos primeras unidades de generación de energía, a razón de que podría representar un riesgo para ellos, tal como lo han previsto los organismos de socorro. En la lista también está el mejoramiento de las vías terciarias de la zona de influencia.

Frente a este escenario, las autoridades departamentales dieron cuenta de que es necesario volver al diálogo con las comunidades que están ubicadas aguas abajo de la hidroeléctrica para devolverles la confianza, también con el objetivo de mejorar la comunicación entre los actores de la obra y los vecinos del río Cauca.

“Se pondrá en marcha una mesa de seguimiento a las solicitudes que los municipios le han hecho históricamente al proyecto, es así como las entidades que conforman el consejo departamental de gestión del riesgo de desastres serán veedoras para que se cumplan los compromisos”, señaló la Gobernación.

Son varias las organizaciones que les hacen reclamos a EPM. Pero todas coincidentes en que las organizaciones que están involucradas en el proyecto les entreguen detalles de cómo está la obra y las complicaciones que tendrá la infraestructura cuando entren en operación comercial las ocho turbinas.

Otro de los puntos en común son las constantes quejas por las palabras que la compañía de servicios públicos estaría incumpliendo. Sin embargo, la empresa respondió que ha acatado los puntos que acordó con las comunidades. Prueba de ello sería los recursos que ha ejecutado en los pueblos aguas abajo.

“Cerca de 2,5 billones de pesos ha invertido EPM en la gestión social y ambiental durante la construcción de Hidroituango en programas de gran contribución para el desarrollo de las comunidades, como: conectividad, salud, educación, vivienda, servicios públicos, biodiversidad, infraestructura comunitaria”, dijo la empresa.

Mientras se resuelve esta situación, las directivas siguen sorteando con la fecha en la que se prenderán las dos primeras turbinas. Si bien la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene como fecha límite el 30 de noviembre, esa fecha no se cumplirá. Así las cosas, se podría correr con el riesgo de recibir multas millonarias.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que el encendido podría ser después de ese día en dado caso de que la evacuación y gestión del riesgo de desastres de las comunidades empiece a dar resultados favorables para el proyecto, tal como lo plantea el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia.