El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha emitido una alarmante alerta ante la situación de crisis humanitaria que enfrentan diversas comunidades en el municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia. El confinamiento en el que se encuentran estas comunidades se ha originado a raíz de la presencia y las acciones de grupos armados ilegales en la región.
Carlos Camargo hizo un llamado a las estructuras criminales para que dejen a un lado sus acciones contra la población civil. Además, se comprometió a impulsar la articulación institucional para que las entidades del Estado brinden presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, especialmente aquellas que residen en veredas y en toda la subregión azotada por este flagelo.
“Además de reiterar el llamado a las estructuras criminales a que dejen al margen de sus acciones a la población civil, como Defensor del Pueblo me comprometo a impulsar la articulación institucional para buscar que las diferentes entidades del Estado hagan presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, de manera especial, a las que habitan en 33 de sus veredas, y, claro que sí, a las de toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño”, recalcó el defensor Camargo.
La Defensoría del Pueblo, desde su Regional Bajo Cauca Antioqueño, ha registrado una afectación directa en las actividades laborales de la población, especialmente en el sector minero, lo que impacta negativamente en el comercio y el transporte en la subregión. A pesar del confinamiento, las comunidades temen denunciar la grave situación de vulneraciones a sus derechos debido a posibles retaliaciones por parte de los grupos armados.
Los habitantes del nororiente del departamento, ante el aumento de la violencia, han realizado una petición especial al Ejecutivo. Solicitan que las organizaciones ilegales que están generando afectaciones sean incluidas en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno nacional con distintos grupos armados. Sin embargo, aclaran que no actúan como voceros.
“La comunidad le apuesta a la paz y al proceso que viene adelantando el Gobierno nacional con distintos grupos armados; en ese orden de ideas, solicitan que estas organizaciones ilegales, las mismas que están generando afectaciones, sean incluidas en las negociaciones de paz. Sin embargo, aclaran que no son voceros de ninguna de ellas, al tiempo que rechazan la presencia de cualquier actor armado en la región”, aseguró el defensor del Pueblo.
De acuerdo con la entidad, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se buscará brindar asistencia humanitaria a 972 familias que están enfrentando una difícil situación. Además, se continuará con el acompañamiento necesario para articular, en beneficio de estas familias, las instancias locales y regionales con el nivel nacional.
El defensor del Pueblo subrayó la crítica situación en la que se encuentran estas comunidades, quienes están pasando hambre debido a la presencia de varios actores armados, incluyendo el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como AGC o Clan del Golfo.
Para abordar esta grave situación, la entidad protectora de los derechos humanos solicitará al Ministro del Interior la realización de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) en Cáceres.
El objetivo es revisar el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 045 del 2020 y evaluar las acciones que se han llevado a cabo para mitigar el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en esa zona del nororiente de Antioquia.
La situación en Cáceres es preocupante, y se espera que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.