El Ministerio Público encendió las alarmas por los mensajes violentos que están emitiendo los grupos armados en la zona rural del municipio de Landázuri, Santander, luego de que se presentara la masacre donde fallecieron nueve personas. Las intimidaciones están obligando a los líderes a renunciar a los procesos sociales que encabezan en la región.

Aunque no se tiene un cálculo de las personas que han dado un paso al costado para proteger su integridad física, la Personería de esta población aseguró que los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas han sido los primeros en acoger las amenazas que han llegado con la firma de los ilegales que hacen presencia en el pueblo.

Las personas que están siendo víctimas de las presiones enviaron una carta a la Casa de Nariño donde ponen en evidencia el escenario que hoy están padeciendo. En el papel pidieron la presencia del presidente Gustavo Petro para que lidere las acciones de seguridad, con el fin de arrebatar el poder que tienen los ilegales en Landázuri.

El defensor del Pueblo de la regional del Magdalena Medio, Didier Rodríguez, relató que en las próximas horas se desplazará una comisión de la entidad para verificar las denuncias que recibió el personero local y el cumplimiento de los derechos humanos que están amenazados por la arremetida de los grupos delincuenciales en Santander.

“Desde la Defensoría, primero, vamos a visitar el territorio para tener un diálogo directo con los diferentes presidentes de junta, poderlos escuchar y luego de eso hacer la incidencia que corresponda dentro del marco de las competencias de la Defensoría. Nosotros vamos a corroborar dicha información”, dijo el funcionario.

Ahora bien, las autoridades aseguraron que, después de la ola de incidentes que se presentaron por la matanza en el corregimiento de Buenos Aires, no se han presentado hechos que alteren las condiciones de orden público en el municipio de Landázuri. Sin embargo, advirtieron que no bajarán la guardia.

En lo que va corrido de 2022, según los cálculos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han muerto violentamente en Santander dos líderes sociales. El primer crimen ocurrió el 19 de agosto en el municipio de Puerto Wilches, la víctima fue Carlos Alberto Rincón. Mientras tanto, el segundo tuvo lugar este mes en Barrancabermeja.

El hecho se presentó el diez de septiembre contra el vocero sindical de trabajadores de Santander, identificado como Sibares Lamprea Vargas, que estaba adscrito a la Unión Sindical Obrera (USO). Él fue asesinado cuando se movilizaba en su carro particular y fue abordado por dos sicarios que accionaron un arma de fuego contra él.

En medio del caos y la desesperación de las personas que presenciaron el atroz asesinato, un grupo de testigos solicitó el arribo de una ambulancia. Ante la demora de los socorristas, una persona cercana al líder tomó la decisión de transportarlo hacia la Clínica La Magdalena, donde los médicos del servicio de urgencias confirmaron la muerte.

David Gómez, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera del departamento de Santander, reprochó la acción criminal y pidió celeridad en los estudios del hecho: “Le hicieron un atentado a nuestro compañero, quien era líder de los vigilantes, trabajador contratista. Exigimos a Ecopetrol y a las autoridades que hagan las investigaciones”, dijo.

Por otro lado, el gobernador Mauricio Aguilar dio a conocer que en las calles de Barrancabermeja se desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables del homicidio. “Este crimen que sacude a una ciudad que le apuesta a la paz”, comentó el mandatario de los santandereanos a través de su cuenta de Twitter.