En la mañana de este jueves se realiza en el centro administrativo de La Alpujarra una sesión extraordinaria del consejo departamental de gestión del riesgo de desastres de Antioquia por la llegada de la segunda temporada de lluvias. En medio de la reunión, se planea declarar la calamidad pública en las nueve subregiones del territorio.
La figura jurídica permitirá abrir la cartera de recursos para atender las emergencias que generen las fuertes precipitaciones que se esperan desde este primero de septiembre. En el radar de los expertos hay alta probabilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones que afectarán los corredores viales y hogares en los 125 municipios.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en los cuatro meses que restan de 2022 las lluvias no podrían parar en esta zona del país porque vienen con la influencia del fenómeno natural de La Niña. Frente a las registradas en agosto, podrían incrementar hasta en 30 % los niveles de descargas.
En Antioquia encendieron las alarmas porque las poblaciones están acomodadas sobre montañas que, en medio de las constantes precipitaciones, podrían saturarse de agua con pocas posibilidades filtración, lo que desestabilizaría su posición y amenazaría con desprenderse sobre lo que tenga al pie, como ocurrió en la primera temporada de lluvias.
En medio de las emergencias asociadas al agua han muerto 56 personas y más de 30.000 personas han resultado afectadas, sumados los pueblos que han quedado incomunicados por varios días tras los movimientos en masa que bloquean el tránsito por los principales corredores viales. Esto último se vive con mayor intensidad en el sur del departamento.
Uno de los incidentes más recordados es el que ocurrió en la zona rural del municipio de Andes cuando una escuela fue sepultada por un deslizamiento de tierra mientras los alumnos estaban disfrutan del receso. En consecuencia, cinco menores quedaron atrapados entre el material que soltó, tres de ellos perdieron la vida.
Ahora bien, en dado caso de que el gobernador Aníbal Gaviria Correa firme el documento que flexibiliza la utilización de recursos para financiar los estragos que produzca el agua, se utilizarían para reparar las vías y suministrar elementos de primera necesidad a las familias que se vean damnificadas en medio de los eventos naturales.
En conversación con el Gobierno nacional, el mandatario de los antioqueños les sugirió a las autoridades que declaren la emergencia climática en el país porque los riesgos tras el cambio ecosistémico están siendo visibles en varias regiones de Colombia, situación que se podría agudizar este trimestre por el paso de las lluvias.
Es por eso por lo que, durante la clausura de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Antioquia, Luis Fernando Suárez, secretario de Seguridad Humana, dijo ante los corporados que, debido al incremento de lluvias que se esperan, esta semana declararía la calamidad pública en Antioquia.
“Precisamente, el gobernador convocó al consejo departamental de gestión del riesgo porque estamos analizando una declaratoria de calamidad pública en el departamento, con ocasión de la temporada invernal. El Ideam nos ha anunciado que viene una temporada invernal mucho más fuerte de la que hemos tenido”, dijo el funcionario.
Ese escenario ya se empezó a sentir. En las últimas horas, falleció una persona de 52 años en medio de una avenida torrencial en el municipio de Urrao y hubo otras emergencias en las poblaciones de Apartadó, Turbo, Urrao, Cañasgordas, Peque y Maceo. En el Urabá antioqueño sumaron más de 1.200 familias afectadas por una inundación.
El reciente informe de la Gobernación pone en alerta roja por probabilidad de deslizamientos a las localidades de San Roque, Angostura, Valdivia, Peque, San Francisco y Apartadó. Mientras que las crecientes se podrían presentar en Chigorodó, Apartadó, Carepa y Turbo, ubicadas en la orilla del río León.