La Alcaldía de Ituango, Antioquia, denunció que 300 personas se confinaron durante este fin de semana, por cuenta de los prolongados enfrentamientos que protagonizaron las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según las cuentas de la comunidad, al menos cuatro combatientes habrían perdido la vida.
El motivo de disputa fue el centro poblado de Pascuitá, ubicado a cinco horas de la cabecera urbana. En videos que circularon en las redes sociales se escucharon los estruendos de las balas, mientras los habitantes estaban encerrados en sus residencias, bajo el fuego que se extendió por varias horas, y pidiendo protección.
Al parecer, los frentes 18 y 36 de la guerrilla tienen el objetivo de desterrar a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia de esa zona del departamento. Ellos se disputan a muerte los cultivos ilícitos, la extracción irregular de minerales y un amplio corredor para transitar estupefacientes y material de guerra.
Este fenómeno no es nuevo. El mandatario local, Mauricio Mira, anunció que los enfrentamientos son constantes y la fuerza pública no contaría con las capacidades suficientes para hacerles contrapeso a los delincuentes que, de manera insistente en las veredas, atormentan a la población civil con las balas.
Una vez se dio cuenta de la emergencia en Pascuitá, el Ejército Nacional comunicó que una aeronave estaba sobrevolando el sector para evaluar la situación. Frente a los hallazgos, tomó la decisión de enviar una tropa que estaría caminando hacia allá. Sin embargo, el mandatario pide soluciones definitivas para su pueblo.
“La solicitud que hemos hecho al Gobierno nacional es más inversión social en el territorio y que incremente el pide de fuerza ya que Ituango es un municipio demasiado extenso. Con los pocos soldados que hay, no da para cubrir todo el territorio”, manifestó el alcalde de Ituango con una preocupación adicional.
Fuentes consultadas por él le advirtieron que, presuntamente, en el municipio también habría injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que pondría contra las cuerdas a las comunidades con tres actores armados ilegales que entrarían en confrontación para acaparar los negocios delincuenciales.
Otro de los dolores de cabeza es el reclutamiento forzado. Sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo presentó la radiografía del suceso que promueven los grupos ilegales en el departamento de Antioquia. Este fenómeno tiene un aumento cercano al 20 % en algunas subregiones. La situación es crítica.
Ellos estarían utilizando varias modalidades para llamar la atención de los menores de edad, no solo en el municipio de Ituango, también en la ciudad de Medellín y los municipios del nordeste, norte, suroeste, occidente y oriente. Los protagonistas serían el Clan del Golfo, ELN y disidencias, entre otros actores.
Al parecer, contactan a las víctimas por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas. En medio del intercambio de palabras, exponen los beneficios económicos y los regalos que podrían recibir en dado caso de que cumplan con las tareas que les encomiendan.
También se identificaron prácticas de enamoramiento, suministro de cigarrillos y motocicletas, a cambio de favores. Además, estarían poniendo a disposición de los niños y jóvenes un salario que va desde un millón de pesos hasta los tres millones de pesos.
La Defensoría del Pueblo aseguró que las personas que viven este flagelo están observando a las organizaciones delincuenciales como la autoridad en los territorios, principalmente los jóvenes, que no se atreven a denunciar por la desconfianza.
Diariamente, las comunidades de Ituango ven a los ilegales adoctrinar a los menores. Las inmediaciones de las instituciones educativas son los escenarios frecuentados por los armados. Los docentes, de 115 sedes rurales y cinco colegios, atestiguan la aterradora situación.