La retaliación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por la extradición de alias Otoniel se ha sentido en 35 pueblos de Antioquia con bloqueo de vías, quema de vehículos, hostigamientos y desabastecimiento de productos y servicios. En medio de los hechos delictivos, el Ejército reportó la detención de varios de los autores materiales.

Según el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, general Juvenal Días Mateus, las unidades de la institución y la Policía lograron la captura de 25 personas que estarían enfilados en el Clan del Golfo.

“Algunos por proselitismo, con letreros alusivos a este grupo terrorista y otros con armamento, pero todos relacionados con la quema de vehículos o con esta oleada terrorista que están haciendo los bandidos del Clan del Golfo”, detalló el comandante.

Agregó que el grupo armado quiere que el pueblo colombiano agache la cabeza ante sus ideales. Sin embargo, justificó que la fuerza del Estado están frenando sus objetivos con estricta vigilancia y control. En Antioquia, por ejemplo, más de ocho mil soldados están en las vías y en los centros poblados.

Ese número de uniformados aumentará en las próximas horas, así lo anunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en un consejo de seguridad que lideró el Ministerio de Defensa.

“Desde hoy en la noche empezarán a llegar cerca de 2.000 hombres del Ejército y Policía para proteger ejes viales y redoblar patrullajes conjuntos en cabeceras urbanas”, comentó el mandatario.

Indicó que poco a poco los municipios afectados por el paro armado han reactivado paulatinamente sus actividades. En el Urabá algunas cadenas de mercado abrieron las puertas y los camiones están cumpliendo con sus operaciones logísticas mientras son escoltados por la fuerza pública.

Sin embargo, la tensión se mantiene en tres subregiones de Antioquia. En las últimas horas, se reportaron enfrentamientos entre la Policía y presuntos miembros de las AUC en los municipios de Turbo, Uramita e Ituango.

Tercer día del paro armado en Antioquia

Los municipios del nordeste, Urabá, suroeste y occidente antioqueño viven horas críticas por cuenta del paro armado impuesto por el Clan del Golfo tras la extradición de alias Otoniel. Los habitantes dan cuenta de escasez de productos y los comerciantes suman pérdidas millonarias, mientras el Ministerio Público alerta por la violación de los derechos humanos.

A pesar de que el gobierno departamental ha invitado a las poblaciones a retornar a la normalidad, las intimidaciones de los ilegales los mantienen al margen de volver a salir de las calles. En videos difundidos por redes sociales se observan las vías deshabitadas y las puertas del comercio cerradas.

Movilidad

Los valientes que nadan en contra de las pretensiones del Clan del Golfo han sido atacados por los delincuentes: al menos 40 automotores han sido incinerados en las últimas 50 horas. Sin embargo, la violencia en los principales ejes viales de Antioquia está siendo frenada con recorridos programados que son escoltados por aire y tierra.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, detalló que las caravanas se están movilizando desde Medellín hacia Dabeiba y luego se conectarán con destino al Urabá.

“Con caravanas humanitarias paulatinamente se restablece la movilidad en ejes viales principales. Unidos recuperamos la tranquilidad en Antioquia. Cuidamos a transportadores, misión médica y viajeros”, afirmó el mandatario.

A propósito, la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia informó que han perdido más de 2.500 millones de pesos por cuenta de las suspensiones de las rutas intermunicipales donde, según la agremiación, los conductores no tienen garantizada la seguridad.

Con corte al mediodía, las terminales de Medellín dieron a conocer que 17 empresas tienen deshabilitados los recorridos por 40 municipios y ocho territorios departamentales: Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Maicao, Montería, Coveñas, Planeta Rica y Montelíbano.

Desabastecimientos

Por otro lado, la Asociación de Personerías del Bajo Cauca denunció que los pobladores de seis municipios han estado confinados sin posibilidad de abastecer sus necesidades básicas.

“Al tercer día del paro armado tenemos desabastecimiento de alimentos, suspensión de los servicios públicos en salud y educación. Tenemos situaciones como la imposibilidad de transportar cadáveres, víveres. Urge que la Fuerza Pública salga a las calles a generar tranquilidad”, se lee en un comunicado difundido por los personeros.

La afectación se ha agudizado por la escasez de gas a razón de que las cápsulas que los distribuyen no pueden transitar por la alteración del orden público. Con base en los informes de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), son 86.000 familias distribuidas en 13 municipios las que no cuentan con el servicio. De igual manera, la compañía prevé una situación similar en siete localidades.

Frente al hecho, el gobernador aseguró que la Policía está adelantando patrullajes permanentes en las cabeceras municipales y el Ejército en las zonas rurales para dar aires de confianza. En efecto, algunos almacenes de cadena del Urabá volvieron a abrir las puertas y EPM ha restablecido parcialmente sus operaciones logísticas.