En los 125 municipios de Antioquia ya empezó a correr el tiempo de la calamidad pública que activó la Gobernación para hacerle frente a la segunda temporada de lluvias. Esta medida permitirá abrir de manera oportuna la cartera con el fin de costear las acciones de prevención y atención de las emergencias relacionadas con las precipitaciones.

Este decreto cobija a las nueve subregiones que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, tendrán altas probabilidades de incidentes naturales en los próximos cuatro meses a razón de que las lluvias estarán acompañadas del fenómeno de la Niña, escenario que multiplicará las descargas de aguas sobre el terreno departamental.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se esperan condiciones de precipitaciones por encima de lo normal entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los deslizamientos de tierra e inundaciones podrían ser los escenarios de riesgo más repetitivos durante la segunda temporada.

“Tenemos antecedentes para el departamento de suelos saturados, de amenaza de deslizamientos de movimiento de masa y también los niveles significativos de los ríos que climatológicamente debieron haber bajado a mitad de año y no lo han hecho”, dijo la directora de esta entidad, Yolanda González Hernández.

Este escenario no es nuevo para Antioquia. Desde 2020 hasta la fecha, en esta zona del país se han presentado 612 movimientos en masa que se han desprendido sobre corredores viales y viviendas. Mientras que 345 inundaciones han afectado a las poblaciones que habitan en cercanías de los ríos y quebradas.

Otro de los fenómenos que se presentan con mayor frecuencia son los vendavales (183), avenidas torrenciales (84) y crecientes súbitas (83). En consecuencia, 117 personas han fallecido en medio de emergencias naturales. En la lista de víctimas hay menores de edad que no superan los dos años y adultos mayores de 70 que fueron sorprendidos por lluvias.

Frente a este escenario crítico, se resolvió activar la calamidad pública en todos los rincones del departamento para adelantarse a las labores de mitigación del riesgo. Es decir, se invertirán unas altas cantidades de dinero en las 125 localidades con el fin de asegurar las zonas que están marcadas como una amenaza para las personas.

“Esa declaratoria estaremos proyectándola en los próximos días de manera rápida, y al mismo tiempo se estará avanzando en la construcción y la constitución del plan de acción específico que continuará fortaleciéndose a medida que las situaciones lo vayan requiriendo”, explicó el gobernador, Aníbal Gaviria Correa.

Sin embargo, este decreto no sustituirá la calamidad pública que ordenaron activar los mandatarios municipales durante el primer semestre del año para atender los estragos de las lluvias. Se estima que más de 35 localidades tienen vigente este recurso legal y, junto a este nuevo documento, seguirán caminando para reducir los impactos de la temporada.

Aunque las autoridades reconocen que este mecanismo no será el arma más contundente para proteger las vidas a razón de que la ciudadanía es el primer canal para la prevención. “Estar alertas ante cualquier señal de riesgo para informar a las autoridades y tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la vida”, reseñaron los organismos de socorro.

Ahora bien, con base en el último informe emitido por la Gobernación de Antioquia, el municipio de Caucasia está en alerta roja probabilidad de deslizamientos de tierra por las precipitaciones que se registraron durante esta semana. Mientras que otras 17 poblaciones están con alerta naranja por la misma ocurrencia de movimientos en masa:

Cáceres, Zaragoza, Amalfi, Anorí, Remedios, Santo Domingo, Segovia, Campamento, Gómez Plata, Guadalupe, Frontino, Alejandría, El Carmen de Viboral, La Unión, Betulia y Fredonia. Por otro lado, la alerta de inundaciones se extiende a la subregión de Urabá: Turbo y Necoclí.