Un trágico panorama se está viviendo en el departamento de Antioquia a raíz de los recientes enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este panorama ha generado una crisis humanitaria, donde se ha reportado el desplazamiento de 150 personas en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, quienes se sienten atemorizado por esta situación.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Oswaldo Zapata, el 29 de junio “se produjeron confrontaciones entre los grupos armados organizados del Clan del Golfo, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, por un lado, y por el otro lado la alianza criminal entre las disidencias de las Farc y el ELN en la vereda Arenales”.
Esta acción violenta se presenta en una zona apartada de Segovia, ubicada de 4 a 5 horas de la cabecera municipal, donde, además, alrededor de 500 indígenas de la comunidad Tagual también se están viendo afectadas.
Por su parte, Óscar Zapata, investigador de la Fundación Sumapaz, dio a conocer que esta situación ya había sido advertida por las autoridades de la región: “las diferentes instituciones —Fuerza Pública, Fiscalía y Procuraduría— no realizaron las acciones contempladas en la ley para que este tipo de situaciones ocurrieran”.
Esta advertencia quedó consignada en la alerta temprana 023 de 2022 de la Defensoría del Pueblo, donde el riesgo era para los habitantes de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí.
Ante esto, la entidad de la subregión se pronunció frente a los enfrentamientos: “Han confluido diferentes grupos armados ilegales con interés expansivo, ante la debilidad del Estado para avanzar en el copamiento del territorio de manera integral, más allá de la presencia de las Fuerzas Militares”.
Así mismo, los corredores aledaños al sur de Bolívar y el Magdalena Medio también serían controlados por miembros de la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc, por lo que el investigador de la Fundación Sumapaz mantiene la siguiente teoría.
“Es muy probable que la disputa tenga que ver con la avanzada de las AGC, o la avanzada del ELN a zonas controladas por este grupo armado. Esta situación es compleja porque la población civil no tiene nada que ver y son las afectadas”, agregó Zapata.
Sin embargo, la Defensoría mantiene otros dos motivos que estarían desencadenando estos combates, donde una de ellas es que estos corredores son de alta movilidad al ser un tramo estratégico que conecta a las principales regiones. El otro panorama sería por el interés económico, asociado al control de las rentas por la extracción de oro que prevalece en esa zona.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, ratificó que se tomarán acciones urgentes por parte de las autoridades para enfrentar esta situación que pone zozobra en la región.
“El Ejército Nacional, tropas de la Brigada 14 de la Séptima División, se encuentran haciendo garantía de la seguridad sobre el corredor de movilidad que conduce al centro poblado de la vereda Arenales, pero también brindando garantías de condiciones de seguridad en el área”, señaló Óscar Zapata.
Adicional, mencionó que las personas afectadas están recibiendo ayudas humanitarias del Gobierno nacional, autoridades municipales y departamentales.
Desplazamiento en Chocó por enfrentamientos
La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional, departamental y local que brinden atención urgente y garanticen los derechos de 357 personas pertenecientes a 102 familias que se vieron obligadas a desplazarse debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan de Golfo, en el departamento de Chocó.
Las comunidades afrocolombianas afectadas por el desplazamiento son: Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín, ubicadas al sureste del departamento. La entidad había advertido en la Alerta Temprana 012 de 2022 sobre posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones.
“Es importante resaltar que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, que esta zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.
De igual forma, el funcionario reiteró “el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, y a excluir a las comunidades que habitan esta zona del departamento de Chocó de sus acciones bélicas”.
Precisamente, en respuesta a este y otros graves hechos que afectan a las comunidades en el país, la Defensoría del Pueblo llevará a cabo una audiencia defensorial en Quibdó, Chocó, el próximo 23 de junio. Durante el evento, la entidad presentará un informe sobre la situación de los derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en el territorio nacional.
ELN intensificó el reclutamiento de menores en Chocó
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana de Inminencia 020 del 2023, donde advirtió sobre el inminente riesgo de reclutamiento forzado que enfrentan niñas, niños y adolescentes (NNA) en el municipio de río Iró, ubicado en el suroriente del departamento del Chocó. Esta alerta se basa en el seguimiento realizado a la situación de orden público y otras problemáticas derivadas del conflicto, que ha generado preocupación y zozobra en la población debido a las actividades del ELN y posibles enfrentamientos con el Clan del Golfo.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se implementen acciones inmediatas y se proteja la vida de todos los habitantes de Río Iró.
“En las recomendaciones de la Alerta Temprana, le hemos solicitado al Gobierno nacional que se implementen acciones para evitar el reclutamiento. También le hacemos un llamado para que proteja la vida e integridad de absolutamente todos los habitantes de este poblado, en el casco urbano y en su zona rural”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El informe de la Alerta Temprana, entregado al Ministerio del Interior, destaca que en las últimas semanas el ELN ha intensificado el reclutamiento y la utilización ilícita de menores de edad tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos de río Iró, como parte de su propósito de consolidación en el territorio.
La Defensoría del Pueblo ha documentado varios incidentes que ponen en riesgo a los menores de edad de la zona. En abril de este año, el ELN reclutó a tres adolescentes, dos de 15 años y uno de 14, pertenecientes a comunidades negras de Santa Rita de Iró, Duabe y Buey, quienes eran estudiantes de la Institución Educativa Jesús Antonio Rivas. Otro intento de reclutamiento de un adolescente fue evitado por la comunidad en mayo.
Ante esta situación, el defensor hizo un llamado a implementar de manera inmediata un plan de prevención y divulgación en los colegios para evitar casos de reclutamiento.
“Pedimos que se ponga en marcha de manera inmediata un plan de prevención y divulgación en las instituciones educativas que permita garantizar a niñas, niños y adolescentes contar con plena información para que, por ningún motivo, entren a los grupos armados ilegales”, señaló el defensor Camargo.