Ante los mensajes que han circulado en redes sociales que dan cuenta de un supuesto paro armado del Clan del Golfo como retaliación por la extradición de alias Otoniel, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, citó a un consejo extraordinario de seguridad.
El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Gobernación y, según el mandatario, están citados los altos mandos militares y los alcaldes del Bajo Cauca, Nordeste y Urabá, zonas susceptibles a los ataques de los ilegales.
Gaviria anticipó que “la violencia nunca ha ganado ni ganará”, respondiendo a los presuntos ataques que estaría planeando el grupo delincuencial para todo aquel que no se someta al cese de actividades.
Pero el temor de la comunidad por caer en las supuestas trampas los tiene encerrados en sus viviendas. Los personeros del Bajo Cauca reportan que los colegios cerraron las puertas, el comercio dejó de atender a los clientes, los buses frenaron los trayectos, los camiones incinerados y las emisoras le bajaron el volumen a las transmisiones.
Además, las administraciones municipales de Tarazá y El Bagre cancelaron las actividades presenciales de los funcionarios y contratistas. A través de un comunicado, el alcalde de la primera localidad, Luis Gabriel Montero, dijo:
“Con ocasión a los mensajes que están circulando de un posible paro armado, por motivos de seguridad hemos tomado la decisión que el día jueves, 5 de mayo, las actividades laborales se realizarán de manera virtual hasta nueva orden”, señaló el mandatario.
Por su parte, el personero de El Bagre, Juan Gabriel Rodríguez, detalló que el ministerio público también priorizó el trabajo digital ya que las condiciones de seguridad no están dadas para atender a la ciudadanía en las oficinas.
Él mismo confirmó que todos los colegios públicos y privados de Bajo Cauca, con base en la información suministrada por los otros personeros, suspendieron las actividades académicas.
“Algunos estudiantes que fueron a los colegios regresaron a sus casas. Los 6 municipios están en la misma situación. Amanecieron pintados algunos establecimientos de comercio con las letras de este grupo. La comunidad que no alcanzó a proveer alimentos está preocupada porque no tienen para estos días”, comentó el personero.
En las próximas horas se daría a conocer un plan de seguridad para restar protagonismo a las amenazas.
Emisoras del Bajo Cauca de Antioquia apagaron transmisión por intimidaciones de grupos delincuenciales
La Asociación de Medios de Comunicación del Sistema Radial Comunitario (Asoredes) denunció que las seis emisoras del Bajo Cauca antioqueño cancelaron las emisiones por amenazas de los grupos ilegales que delinquen en la subregión.
Al parecer, miembros de las organizaciones armadas les pidieron espacios para divulgar información alusiva al supuesto paro armado que habría asumido el Clan del Golfo como retaliación por la extradición de alias Otoniel hacia Estados Unidos.
Los supuestos mensajes que se iban a transmitir por los micrófonos de las emisoras comunitarias advertían de acciones terroristas contra los comerciantes, conductores y habitantes que continuaran con sus actividades en esa subregión.
El representante legal de las emisoras, Juan Guillermo Cano Vargas, informó que los periodistas están atemorizados porque les cerraron las puertas a los supuestos ilegales.
“Hemos determinado apagar la emisión durante los cuatro días del supuesto paro armado porque no tenemos la seguridad suficiente para prestar el servicio a las comunidades que lo requieren día a día. Creemos que no podemos jugar con la vida. Esta situación es de alto riesgo para los locutores, directores y personal administrativo”, dijo el representante.
Es decir, hoy amanecieron sin información las comunidades de El Bagre, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Caucasia y Nechí, quienes están atemorizadas en sus viviendas ante posibles ataques del Clan del Golfo.
Además, Asoredes alertó que la misma situación se estaría dando en otras subregiones del departamento. Por ejemplo, la emisora local de Valdivia dejó de transmitir en la noche de ayer cuando una persona sin identificar le dijo al periodista que iría a la sala de grabación para que leyera un mensaje. Ante el temor, apagó los micrófonos.
“Consideramos esto como un ataque y vulneración al ejercicio periodístico. Necesitamos garantías de seguridad. Estamos muy preocupados”, concluyó Juan Guillermo Cano.
De momento, las autoridades no se pronuncian sobre el supuesto paro armado y los riesgos que tendrían las poblaciones. Sin embargo, las personerías municipales dan cuenta de un cese de actividades en colegios y establecimientos comerciales.