La Asamblea de Antioquia le dio el visto bueno a la inyección económica que le hará el gobierno departamental al Central Park de Bello, una iniciativa catalogada como un elefante blanco que carga con múltiples investigaciones en la Contraloría por presunto detrimento patrimonial.

La estrategia financiera, que se gestionó por medio de las vigencias futuras, es de 17.732 millones de pesos que se destinarán para finalizar la fase III del complejo deportivo, proyecto que gestionó entre polémicas no resueltas por el excandidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez, cuando estuvo al frente de la Gobernación.

De acuerdo con la proyección de las labores físicas, el dinero se invertirá en la construcción, rehabilitación y adecuación del parque que, según los planes, estará a la altura de las grandes ligas de motor a finales de 2023.

El gerente de Indeportes Antioquia, Héctor Fabián Quintero, explicó que la obra tiene un avance de ejecución del 86 %, cuyo valor acumulado asciende a los 112 mil millones de pesos.

Ahora bien, el funcionario detalló que el dinero requerido para finalizar el plan ha estado disponible en la cartera que lidera, por lo que no se están utilizando recursos estipulados en el Plan de Desarrollo.

“Esta administración no está colocando un solo centavo porque ni siquiera quedó ningún proyecto de inversión con esos rubros”, argumentó el gerente.

Las críticas

La iniciativa contó con el respaldo de 22 de los 24 disputados del departamento. Dos de ellos plantearon duros cuestionamientos porque se ha invertido mucho dinero que no ha arrojado resultados.

Luis Peláez, quien fue elegido por el partido Dignidad, calificó la ejecución del desarrollo Central Park como “perversa”, aludiendo al crítico manejo de los recursos públicos que ha denunciado en siete ocasiones.

“Hoy estamos nuevamente empujando un proyecto con ilusión de que funcione, pero lo que empieza mal, termina mal. El Central Park no aparece como una zona para un parque, sino como una forma de aprovecharse de este espacio”, comentó el político.

Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria reconoció las fallas que recibió. En 2021, por ejemplo, el mandatario reveló que la obra tenía un avance del 35 %, pero pagado con el rubro del 70 %.

“Hemos querido en forma disciplinada abordar todas las problemáticas que se dejaron en ese proyecto, y hacerlo de una manera muy seria. Allí hay una realidad: avanzar para entregar el espacio a la ciudadanía”, concluyó el gobernador.

Advertencia de Procuraduría por proyecto del MinHacienda sobre pago de Obras por Impuestos

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación señaló su preocupación por el proyecto de decreto sobre Obras por Impuestos, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pasado 26 de abril de 2022.

Según explicó el Ministerio Público en un comunicado, “en la propuesta se determina la ampliación de los territorios en los cuales se podrán financiar proyectos a través del mecanismo de pago de Obras por Impuestos a los territorios que carezcan total o parcialmente de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en las zonas interconectadas a las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019, y aquellos proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la nación”.

En ese sentido, la delegada preventiva y de control de gestión para el seguimiento al Acuerdo de Paz estableció que es innecesario ensanchar los territorios beneficiarios, que en uso de sus facultades reglamentó el ministerio, señalando que “no solo habría una importante disminución en la fuente de recursos en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque (PDET) y el conjunto de municipios en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), y una afectación a la construcción de la paz, sino que, además, estos territorios tienen mayor dificultad para obtener otras fuentes de recursos, debido a su poca capacidad técnica y operativa”.

La Procuraduría también recomendó que se restrinja el cupo mínimo de aprobación del cupo Confis únicamente a los territorios Zomac y PDET, con el fin de asegurar que como mínimo se aprobará un cierto porcentaje de recursos en estos territorios.