Más de 8.000 personas deambulan de día y de noche en las calles de la capital de Antioquia, una cifra histórica que prende las alarmas en Colombia. Hombres y mujeres de todas las edades están amarradas al bazuco y a la heroína, mientras son víctimas de múltiples flagelos que no alcanzan a ser juzgados por la ley.
SEMANA se internó durante varios días en este problema que le está cogiendo ventaja al Estado. A cielo abierto, las jóvenes son abusadas sexualmente en manada, se asesinan entre ellos por un soplo de estupefaciente, se atacan con cuchillos por una mala mirada y son usados por las estructuras criminales para cometer delitos a nombre propio, un infierno en el que están cayendo campesinos que huyen del conflicto armado, profesionales que escapan del estrés laboral y adolescentes que no soportan la violencia intrafamiliar.
Sandra Ramírez tiene 20 años, nació en el municipio de Apartadó, se refugia en los puentes de Medellín para evitar las violaciones que sufrió en la infancia y recurre a gramos de cocaína para calmar las pesadillas. El fantasma todavía la acompaña. En dos ocasiones, hombres se han reunido en grupo para aprovecharse de su vulnerabilidad y, entre lágrimas, contó que le quitaron la ropa a la fuerza y la agredieron sin piedad.
“Yo no le digo nada a nadie sobre lo que me pasa en las calles. Yo me guardo todo para mí solita. Acá me tratan como si fuera una perra y yo me trato de cuidar. Intenté rehabilitarme, pero me han dado crisis de ansiedad muy fuertes y vuelvo a terminar acá”, afirmó la joven, quien se sostiene con la plata que le deja la prostitución y llena el estómago con los alimentos que reparten las almas caritativas.
Frank Yuber Inestroza es el protector de las jóvenes que toman la decisión de vivir en las vías de la ciudad. Él reside hace 38 años en un parque de la comuna de La Candelaria, su cama es un par de ladrillos y la cobija es un plástico transparente. A los 6 años conoció el sacol, el vicio que lo tiene secuestrado en este abismo. Las personas con las que tiene más confianza lo llaman papá, negro, amigo y parcero.
Frank es el encargado de aplicar el manual de convivencia entre los habitantes de calle: “De lo viejo que estoy, yo sé cómo es el sistema y nosotros pusimos el control. Acá no se roba, no se mata, no se viola. A los menores que han venido por acá no hemos dejado que se queden estables, porque la misma ley ha dicho que no lo permitamos”.
Su figura de autoridad es respetada. A lo lejos de allí, las decisiones quedan en manos de las drogas. El pasado 27 de septiembre ocurrió un episodio que estremeció a las autoridades: un ciudadano que vive hace varios años en las vías le roció un líquido inflamable a otro y le prendió fuego en el barrio El Poblado. Según el dictamen de Medicina Legal, la víctima sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y las manos. Milagrosamente, el hombre se salvó de morir.
La violencia en Medellín es abrumadora. Según los datos compartidos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo que va corrido del año al menos 35 habitantes en condición de calle han muerto de manera violenta. En su mayoría, los hechos se han cometido con armas blancas, los victimarios –frecuentemente– son integrantes de esa misma comunidad y detrás de los crímenes hay diversos factores.
Sandra Bibiana Celis es testigo de múltiples homicidios cometidos en las inmediaciones del cambuche que armó para pasar sus noches en el sector de la Minorista. Mientras restregaba su ropa en el andén bajo el intenso sol del mediodía, reconoció que una sola dosis de bazuco, que actualmente cuesta 1.200 pesos en la olla del Bronx, o algunos gramos de heroína, cuyo precio es de 5.000 pesos, han causado tragedias.
“Se matan por bobadas, por malas miradas, por robos, por cosas que no importan. La calle es dura, aquí uno se arriesga a todo. Aquí hay humillaciones, problemas, envidia, menosprecio. A mucha gente la domina la bazuca, a mí no, yo domino al vicio, primero fui yo que el vicio”, comentó Celis, quien salió de su casa en la adolescencia para vender golosinas en el centro de la ciudad, pero terminó consumiendo drogas.
Un problema mayor
El alcalde Federico Gutiérrez respondió que en la capital de Antioquia hay un problema que no se puede esconder. Con base en las estadísticas oficiales, en los últimos cuatro años se multiplicó la presencia de habitantes de calle, pasando de 3.000 a 8.000, aunque se cree que hay un subregistro.
La comuna más afectada es La Candelaria, donde el espacio público ha sido invadido por los ciudadanos que no tienen dónde dormir. “Me parece gravísimo que eso ocurra, muy triste. Tenemos un problema muy serio que yo jamás voy a ocultar. Hay una realidad: hay quienes se han dedicado a romantizar el uso de las drogas y miren cómo termina la gente en la calle, con graves problemas de adicción, problemas mentales”, afirmó el mandatario. Él pidió medidas de atención prioritarias para esta comunidad; este año, 5.709 personas han sido atendidas por el Distrito.
La Secretaría de Inclusión Social de Medellín detalló que estos hombres y mujeres se dedican a diferentes actividades económicas: el 53 por ciento al reciclaje y el 16 por ciento a la mendicidad. En cuanto a las sustancias psicoactivas de mayor consumo, aparecen el bazuco en pipa con 71 por ciento y el tabaco con 34 por ciento. De todos los que se han caracterizado, el 7 por ciento son extranjeros, hay venezolanos, americanos, argentinos, entre otras nacionalidades.
La realidad de esta ciudad ha traspasado las fronteras. La Alcaldía de Pereira, bajo el liderazgo de Mauricio Salazar, denunció que desde el Valle de Aburrá se estarían enviando habitantes de calle para Risaralda. “En un operativo realizado, las autoridades conocieron el caso de varias personas que fueron trasladadas desde la capital antioqueña hacia Pereira para que siguieran ejerciendo la mendicidad”, dijo la administración.
Para el alcalde de Medellín, el problema es de fondo, pues el Distrito no tiene la posibilidad legal de rehabilitar a la fuerza a estas personas. “A esto sí hay que buscarle una salida en términos jurídicos, porque son personas que han perdido el control de sus vidas, que están bajo graves efectos de drogas, con graves problemas mentales, y casi que no podemos tener una intervención sobre ellos. Aquí hay un trabajo importante”, dijo Gutiérrez.
Yonathan Forero, director de la Fundación Yonathan Forero No Más Drogas, que atiende a la población en situación de calle en el Valle de Aburrá, denunció que ningún Gobierno ha podido tomar el control de este problema y lo más complejo que percibe es que tiende a agravarse por los flujos migratorios. Su organización ha detectado a habitantes de Haití y del continente asiático en las avenidas de la ciudad.
“Pasamos de ser un país productor de cocaína a ser un consumidor, eso está pasando factura. Muchos jóvenes de los barrios altos de Medellín están llegando acá. Encontramos profesionales con muchas habilidades y gente muy reconocida del estrato alto. Cada día estamos viendo más personas, acá hay militares, médicos y empresarios que están cayendo a las calles”, agregó el veedor ciudadano.