Dora María Borja a veces se pierde en el conteo de los días. Su presente parece estar en el pasado. Su vida, dice, se detuvo cuando asesinaron a su segundo hijo en septiembre de 2019 en Quibdó, Chocó. “Me mataron a mi hijo mayor que es quien convierte en madre a una mujer y mi hijo último, que es al que uno más quiere”, cuenta.
Su último hijo se llamaba Yadilton Mosquera Borja, tenía 22 años, y lo mataron por no correr. Un tipo armado ingresó a su barrio y al ver que el joven no se intimidó con su presencia, lo baleó hasta ocasionarle la muerte.
De los 600 casos documentados por la Fundación Círculo de Estudios Culturales entre 2016 y 2022, solo se ha esclarecido alrededor del 87 por ciento. La cifra, a pesar de ser alarmante, no es una preocupación mayor para la administración municipal. Incluso, la normalización de la violencia ha llevado a que se denomine a los muertos por números y no por nombres.
De acuerdo con la Policía, en Quibdó hay una sangrienta guerra entre tres bandas delincuenciales que se pelean el control del territorio, microtráfico y extorsión. Palmeños, Mexicanos y Clan del Golfo son los protagonistas de esta escalada violenta. Quien cruce un territorio prohibido se muere, quien no pague una extorsión se muere, quien hable de más se muere, y el que esté en el lugar equivocado se muere. En esta ciudad ante cualquier situación, por menor que sea, la sentencia es la muerte.
El coronel Clauder Antonio Cardona Cataño, comandante de la Policía de Quibdó, reconoce que hay una problemática creciente en algunos sectores donde la violencia se ha incrustado con fuerza. No desconoce la existencia de fronteras invisibles y un fenómeno de extorsión fuerte.}
“Lo que mantienen a estos grupos en la ciudad es la extorsión, porque ni siquiera estamos hablando de un corredor de droga”, dice el coronel. Precisa que desde esa institución tienen el reporte de 482 jóvenes asesinados entre 2016 y 2022. De los otros 118 que denuncian organizaciones sociales no tiene idea.
Ante esto, las madres de varias de las víctimas enviaron una sentida carta al fiscal general, Francisco Barbosa, para que haga presencia en el territorio y esa entidad se comprometa a esclarecer esos casos. “Aquí hasta los muertos se los roban porque las cifras de personas asesinadas jamás coinciden con lo que informan las autoridades. Por eso decidí empezar yo mismo el registro de los homicidios desde el año 2020″, cuenta el veedor Darwin Lozano Murillo.
“Acá las amenazas se cumplen”
El personero de Quibdó, Domingo Ramos, dice que la ciudad está en manos de los criminales. Para sustentar esa afirmación, hace un conteo rápido de, por ejemplo, cómo se extorsiona en la ciudad. “Aquí las casas deben pagar mínimo cinco mil pesos, los negocios pagan cantidades más grandes, las personalidades reconocidas también pagan. Estos grupos mandan panfletos advirtiendo y todos sabemos que acá las amenazas se cumplen”.
Gremios de comerciantes que hablaron con SEMANA confirmaron las palabras expresadas por el personero. Aseguran que los delincuentes de cada sector imponen su ley, a tal punto que la Empresa Distribuidora del Pacífico (DISPAC) no puede entrar a hacer lecturas en los medidores, suspender servicios por falta de pago o hacerle mantenimiento a las redes y equipos de conducción de energía eléctrica; ya que sus empleados pueden ser asesinados.