Con base en las medidas de prevención tomadas por el Ministerio del Interior para la jornada electoral del próximo domingo 29 de mayo, la Alcaldía de Medellín se acogió a la directriz nacional de la ley seca.

Así las cosas, la restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas iniciará el sábado 28 de mayo a las 4:00 de la tarde y culminará a las 12:00 del mediodía del lunes 30 de mayo.

La secretaria de Gobierno del distrito, María Camila Villamizar, recordó que “esta medida se toma pensando en la seguridad de los ciudadanos y del proceso electoral” que será custodiado por más de 2.000 uniformados en los 223 puntos de votación que la Registraduría Nacional habilitó en la ciudad.

La Alcaldía celebró que el Gobierno tuviera en consideración el proceso de reactivación económica de los establecimientos nocturnos, pues escuchó la petición de aplicar la ley seca sin afectar la programación del viernes 27 de mayo.

“Recibimos con mucho beneplácito la noticia que nos informa el Gobierno nacional. Este es un mensaje de reactivación, este es un mensaje que va en la dirección de seguir trabajando por la unidad y la institucionalidad de Medellín”, comentó el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo.

Mientras que la Asociación de Bares (Asobares) de Antioquia mostró agrado por la noticia, pero recalcó que la ley seca es perjudicial para los agremiados dado que el 75 % de las ganancias ingresan los fines de semana.

“Una afectación en 1.500 establecimientos en su actividad, alrededor de 30 mil empleos y unas pérdidas estimadas de 8 mil millones de pesos. No obstante, reiteramos que respaldamos esa decisión del Gobierno nacional de que no se extendiera mucho más”, señaló Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares.

Con base en las estadísticas de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), con la medida se verán beneficiados más de tres mil negocios formales, que impactan a más de 35 mil empleados directos.

Al menos 37 municipios de Antioquia están en riesgo electoral ante las presidenciales

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas frente a las acciones delincuenciales que podrían ejecutar los grupos organizados en el marco de la segunda jornada electoral del año. Si bien el riesgo incluye a 290 localidades de Colombia, Antioquia concentra el 12 % del grupo.

El temor está fundamentado en el amplio despliegue que tienen los ilegales sobre el departamento. En el radar del Ministerio Público están el ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc que disputan las actividades criminales del narcotráfico, minería ilegal, microtráfico, gota a gota, extorsiones, entre otras.

A juicio de la Defensoría, en siete municipios de Antioquia hay riesgo extremo y 30 están marcados con riesgo alto. Sin embargo, el Gobierno nacional solo reconoció la inestabilidad en 17 territorios localizados en las subregiones de oriente, noreste, Urabá y Magdalena Medio.

Si bien las cifras ni los territorios concuerdan, ambas entidades acordaron que se debe ampliar la presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad antes, durante y después de la primera vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 29 de mayo.

Por un lado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sugirió que el Estado está en la obligación de “implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos y sus campañas”.

Mientras que el ministro del Interior, Daniel Palacios, respondió que toda la institucionalidad está enfilada para proteger todos los rincones del departamento con el fin de mitigar cada uno de los riesgos que se han anticipado.