El Tribunal Superior de Medellín condenó a diez años de prisión al alcalde del municipio de Bello, Antioquia, por irregularidades en un proyecto de 180 millones de pesos que ejecutó en 2010. Él abandonó el cargo 24 horas antes de conocerse esta decisión.
Óscar Andrés Pérez Muñoz deberá estar privado de la libertad durante 120 meses por cometer el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, en ese tiempo, no podrá ejercer cargos públicos y deberá pagar una sanción económica.
Esta misma determinación cobijó a Hans de Jesús Wagner Jaramillo y a Harold de Jesús Hincapié Rivera. En efecto, los magistrados ordenaron la captura y podrán refutar la sentencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Como Pérez figura como mandatario de Bello, se le envió una comunicación al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, para que ordene de manera inmediata la suspensión del cargo y nombre a alguien provisionalmente para que asuma las funciones en el municipio.
En medio de las investigaciones que se remontan a un contrato de 2010, el Tribunal Superior de Medellín aseguró que entonces el alcalde “incumplió [con los] principios de orden constitucional en detrimento del bien jurídico de la administración pública”.
Él entregó 180 millones de pesos a un privado a cambio de adelantar las elecciones del Consejo Municipal de Juventud de esa época, pero no se cumplieron los objetivos en su totalidad y, aun así, transfirió el dinero, entre otras irregularidades puestas en evidencia.
“No se hicieron capacitaciones a jurados, testigos y candidatos; actividades contratadas fueron realizadas por dependencias del municipio; el contrato era para iniciar el 1 de octubre de 2010, pero empezó el 1 de septiembre de 2010, actividades que, realizadas por fuera del tiempo del contrato, se pagaron; dicho contrato no era necesario porque su objeto podía ser ejecutado por las secretarías del municipio; se autorizaron pagos sin haber cumplido las exigencias del contrato”, comentó la Fiscalía General de la Nación.
Además, el ente de acusación reveló que no hubo un análisis técnico ni económico del valor del contrato y la selección del oferente se hizo antes de que Bello contara con la disponibilidad presupuestal.
Ahora bien, el mandatario respondió: “Desde ese tiempo hasta la fecha, ejercí una defensa digna, con altura, demostrándole a la justicia que este contrato se había ejecutado. La interventoría lo demuestra. El informe por parte de la Contraloría municipal demuestra que no hubo ningún hallazgo fiscal”, dijo.
Él fue imputado en 2018 y, contra todo pronóstico, en 2019 postuló su nombre para las elecciones locales de Bello y logró el triunfo, mientras estaba aferrado a un brazalete electrónico del Inpec y con la prohibición de abandonar el país por el proceso judicial que estaba enfrentando. Ese tiempo que estuvo bajo prisión domiciliaria se le restará a la condena.
En 2022 recibió un respiro: fue absuelto de la investigación por medio de un fallo de primera instancia porque no se habrían encontrado méritos para una condena. Sin embargo, seis meses después, otra opinión terminó reversando esa posibilidad.
Tal como lo definió el Tribunal, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, tiene la potestad de nombrar a un mandatario encargado que saldría de una terna que presente el partido político que llevó a Pérez a la Alcaldía: el Centro Democrático.