La administración municipal de Caucasia decidió decretar un toque de queda como medida preventiva ante los disturbios que se han registrado por cuenta del paro minero en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.
De acuerdo con la Alcaldía, la nueva disposición comenzó a regir desde las 5:00 de la tarde de este jueves, 9 de marzo, y se extenderá hasta las 7:00 de la mañana del próximo viernes 10.
“Esta medida puede ser prorrogada de acuerdo con el comportamiento de los manifestantes durante el tiempo que dure la misma”, señaló la Alcaldía local.
El toque de queda aplicará para todo el municipio, a excepción de quienes deban desplazarse en atención a sus actividades laborales o por razones de emergencia. Por tal motivo, deberán presentar una prueba que constante dicha exclusión.
El ministro de Interior, Alfonso Prada, confirmó que las manifestaciones han impactado a un aproximado de 300 mil personas residentes en los 12 municipios que conforman la región. En atención a los anterior, el funcionario anunció que el próximo viernes, 10 de marzo, el Gobierno Nacional sostendrá un encuentro con la Defensoría del Pueblo, líderes de derechos humanos y con la Iglesia Católica para determinar acciones que permitan finalizar las protestas.
“Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación generando hambre en sectores rurales, así como desabastecimiento de medicamentos. La afectación a la población está siendo super delicada”, aseguró Alfonso Prada.
¿Por qué protestan?
Los mineros pretenden que la Fuerza Pública cese las operaciones contra la extracción ilícita de yacimientos, actividad que ha devorado parte de las montañas de esas subregiones y contaminado los afluentes que por allí corren, según la Gobernación.
Al sentir que sus peticiones no han sido escuchadas por parte de las autoridades competentes, varios sectores han tomado acciones irregularidades para llamar la atención. El cierre de las carreteras solo es una parte de los estragos que han padecido los habitantes. Este escenario ha generado desabastecimientos en los hogares, violaciones a la misión médica, suspensión de clases en los colegios públicos y confinamientos en once municipios del departamento.
El panorama de orden público también causa preocupación aunque el comité organizador advirtió que no está detrás de los actos vandálicos que se han registrado, sino un grupo de ciudadanos que se infiltró para desdibujar los intereses que tiene la comunidad. El gobernador Aníbal Gaviria Correa señaló al Clan del Golfo.
Pero el vocero no se desprende de estas actuaciones. Él responsabilizó al Gobierno nacional de las complicaciones que se están presentando a razón de que tiene sobre la mesa la fórmula que podría acabar con las violentas movilizaciones en Antioquia.
“Aquí el único responsable es el Gobierno porque, si ya nos hubiera solucionado, estaríamos libre de esto. Más allá de que se nos acumulen las responsabilidades directas o indirectas, nosotros entendemos eso, pero queremos que nos entiendan”, agregó el líder.
Gaviria Correa rebautizó la manifestación como el “paro draguero”, citando las grandes estructuras que poseen los grupos ilegales para extraer minerales de manera irregular. De igual manera, advirtió públicamente que las personas estarían siendo instrumentalizadas.
“Los más afectados con el paro draguero son mineros pequeños y ancestrales. A ellos y a toda la comunidad de Bajo Cauca y Nordeste, nuestra solidaridad. Estamos trabajando sin descanso para restablecer el orden y desenmascarar a los criminales”, dijo el gobernador.
Mientras que los protestantes lo acusan de “ponerle más leña al fuego” con sus acusaciones. Ahora bien, paralelamente al freno que piden en la Policía y el Ejército, requieren garantías para armar la transformación al código minero que proyecta el Gobierno.