Otras tres personas fueron incluidas en el proceso de investigación que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación del megaproyecto de energía de Hidroituango: Luis Javier Vélez, Wilson Chinchilla y Álvaro Ospina, funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) cuando se iniciaron los acuerdos para la construcción.

De acuerdo con el estudio adelantado por el ente de acusación, los sujetos que serán procesados habrían participado en la asignación y ejecución del polémico contrato que ordenó la edificación del tercer túnel de desviación del río Cauca dentro de la obra, margen que no estuvo contemplado en los diseños iniciales del proyecto.

Con análisis realizados en junio de 2021, esa conducta generó sobrecostos en las finanzas públicas superiores a los 300 mil millones de pesos. El escenario que los tiene enredados lo habrían protagonizado junto al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero y al exalcalde de Medellín y expresidente de la junta directiva de EPM Alonso Salazar.

“En desarrollo de esta obra, se presentaron retrasos relacionados con la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía; que se atribuye a la falta de planeación en la construcción de las obras de desviación del proyecto, las cuales en el diseño inicial estuvo previsto a través de dos túneles para la desviación del río Cauca”, se lee en el expediente.

Las demoras en la puesta en marcha de la turbina abrió nuevos riesgos en Hidroituango que llevaron, en palabras de la Fiscalía, a improvisar a los funcionarios. En medio de las maniobras para sostener la estabilidad de la obra, emitieron la contratación del sistema auxiliar de desviación del caudal y las obras anexas de parte de la firma CCC Ituango.

En consecuencia, Luis Javier Vélez, Wilson Chinchilla y Álvaro Ospina deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La primera falta también fue sumada al exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y el exgerente general EPM, Federico José Restrepo Posada.

A juicio de Daniel Quintero, la imputación de los delitos por irregularidades en las contrataciones llevó al proyecto de energía a tener saldos negativos en sus finanzas. Al parecer, según la Fiscalía, buena parte de los supuestos malos manejos se habrían coordinado desde las instalaciones de EPM.

“Fiscalía imputa como responsables por el delito de interés indebido en la celebración del contrato de Hidroituango, donde se perdieron billones de pesos, a Luis Alfredo Ramos, Alonso Salazar, Álvaro Vásquez, Federico Restrepo. Y faltan más”, señaló el mandatario local.

Agregó que los políticos del Antioquia se habrían unido para que los contratistas y políticos esquivaran las investigaciones por las irregularidades que, de acuerdo con las autoridades judiciales, habrían cometido.

Desde que llegó al cargo, Daniel Quintero ha tachado de corruptos a las personas que estuvieron inmersas en las diferentes etapas de gestión de Hidroituango. En medio de una de las confrontaciones públicas, el alcalde puso en tela de juicio la calidad de los materiales que los contratistas utilizaron para edificar la presa.

Sin embargo, los abogados del consorcio CCC Ituango, vocero de las empresas Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa, organizaciones que adelantan la obra, rechazaron las acusaciones que fueron asociadas por Quintero Calle con los problemas técnicos que hoy tiene el proyecto y que, en 2018, pusieron a tambalear la hidroeléctrica.

Ahora bien, según la Alcaldía de Medellín, en la lista de investigados faltarían otros nombres, entre ellos el de Federico Gutiérrez y el del exgerente general de EPM Jorge Londoño de la Cuesta. Quintero Calle aseguró que las autoridades deberían tener sobre la mesa los trámites que adelantó el excandidato presidencial en el proyecto de generación de energía cuando tuvo en sus manos las riendas de la ciudad.