El fiscal Francisco Barbosa anunció desde Medellín que nueve personas serán vinculadas a un proceso penal, producto de la contingencia que hubo en el megaproyecto de Hidroituango en 2018, en el que la hidroeléctrica estuvo en riesgo, al igual que cientos de familias ubicadas aguas abajo.

Luego de una evaluación de los informes técnicos, el ente de acusación encontró elementos para solicitar audiencias de imputación contra las cabezas visibles que lideraron las iniciativas de contratación y gestión de los permisos para avanzar en las obras de construcción.

En la lista figuran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; el exalcalde Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo; el exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, y al exgerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada.

Ellos deberán responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dado que, presuntamente, el 30 de marzo 2011 se habría entregado a dedo el acuerdo para financiar la construcción de la generadora de energía Pescadero-Ituango mediante una negociación directa con EPM.

A juicio de los investigadores de la Fiscalía, “esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas”, se lee en el archivo que conoció SEMANA.

Otras dos personas deberán responder por supuestas inconsistencias en la gestión de la licencia ambiental para la construcción del túnel de desviación temporal del río Cauca son Jesús Ignacio Echavarría Mejía, apoderado de Hidroituango ante la ANLA, y Hernán Sánchez Cruz, profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango.

Los archivos recopilados por las autoridades judiciales reconocieron que en 2015 inició la edificación del sistema, sin tener la autorización de las autoridades ambientales. Es decir, tenían que modificar el permiso que inicialmente les dieron, pero no lo hicieron, contrario a como se lo exigió el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

“Con información, presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 22 de diciembre, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada”, agregó el ente de acusación.

O sea, se habrían presentado documentos falsos para ocultar las obras que se estaban realizando sin el visto bueno de la ANLA. En consecuencia, deberán responder por las faltas de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Por último, los contratistas de Hidroituango también serán vinculados al proceso por celebrar, presuntamente, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Propiamente, en esta casilla aparece el vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez Duque; el vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera, y el director de desarrollo de la hidroeléctrica, Álvaro León Ospina Montoya.

Esa acusación se sostiene en las obras complementarias que adelantó el Consorcio CCC Ituango por las fallas que hubo en el tránsito del proyecto, generados por problemas geológicos y geotécnicos que no fueron anticipados por los estudios técnicos que contrató EPM.

“Dicha contratación, que ascendió a más de 127.100 millones de pesos, se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015. Este proceso, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones”, detalló la Fiscalía.

Cabe destacar que el ente de acusación decidió concentrar todas las líneas investigativas sobre posibles irregularidades en la contratación y el manejo de Hidroituango en una sala especializada delegada ante la Corte Suprema de Justicia, “con el propósito de unificar criterios y tener una visión integral sobre el proceso”, concluyó el fiscal Francisco Barbosa.