La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, en medio del auto que decretó las medidas cautelares por los desaparecidos en la Comuna 13 en el año 2002. En la decisión, de siete páginas, la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad también ordenó tomar medidas para proteger a la zona conocida como La Escombrera.
En la decisión se advierten varias fallas e incumplimientos para la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas en este caso, indicando que después de 20 años de los hechos son más dudas que respuestas. Igualmente, consideró que tanto la Alcaldía de Medellín como la Procuraduría han incumplido las órdenes para enviar informes sobre el estado de las investigaciones y medidas de protección.
“Es preciso señalar que en el caso que ocupa la atención de esta Sala dual, ni la Alcaldía de Medellín, ni la Procuraduría General de la Nación, han dado respuesta a lo solicitado por esta Sala Dual sin importar que la misma decisión les haya ido comunicada el pasado 5 de mayo del año que avanza, encontrándose ampliamente vencido el término otorgado a las mencionadas entidades para dar respuesta”, aclara la decisión conocida en su totalidad por SEMANA.
Esto en referencia al auto que ordenó, entre otras, la ubicación y posterior práctica de inspección a las investigaciones penales adelantadas “por los hechos conocidos como las operaciones militares y de policía llevadas a cabo en los años 2002 y 2003 denominadas Contrafuego, Otoño, Otoño 2, Mercenario, Águila, Metro, Mariscal, Antorcha, Saturno, Saturno 2, Orión, Orión 2, Orión Fase 3 y Meteoro”.
Igualmente, la misma Sala ordenó la práctica de inspección a la Alcaldía de Medellín, con el fin de obtener toda la información cartográfica de la Comuna 13 e inmediaciones, así como toda la documentación acerca del orden público, presencia de grupos armados ilegales, operaciones militares y de policía llevadas a cabo en la misma comuna entre los años 2001 a 2004.
Así como actas y demás documentación de los consejos de Gobierno, entre otra información relevante que se requiriera en el transcurso de la diligencia. 8. En atención a la información recaudada en la alcaldía de Medellín. Igualmente, el 22 de febrero de 2023, se había ordenado la práctica de inspección a los archivos de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU- de Medellín al evidenciarse la importancia de acceder a la información que sobre los mismos tópicos de interés allí reposan”.
En el expediente se citan las declaraciones de seis desmovilizados de la estructura ilegal de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), así como de miembros del denominado Bloque Cacique Nutibara que tuvo injerencia en la ciudad de Medellín, cuyo comandante fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien actualmente tiene pendiente de sentencia en el proceso de la Ley de Justicia y Paz.
Frente a las medidas cautelares, se reseña que es necesario proteger la parte conocida como ‘Polígono Nuevo’, por lo que se debe hacer un trabajo de cerramiento y vigilancia para garantizar la protección de la evidencia y dar cumplimiento al fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Por la actividad judicial en el trámite de esta medida cautelar, se pudo establecer su posible ubicación en el ‘Polígono Nuevo’”.
Finalmente, se le pidió a la Gobernación de Antioquia que ponga de presente su propuesta “respecto del proceso de dignificación y/o memoria histórica para las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 que se ordenó”.